El Consejo General del INE acordó no continuar la verificación de las más de 11.1 millones de firmas recibas para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues implicaría un gasto de 6.3 millones de pesos, pero advirtieron que no habrá impunidad por las rúbricas de más de 17 mil personas muertas detectadas hasta ahora.
Aunque el Consejo decidió el año pasado que la revisión se detendría una vez que se cumplieran las más de 2.7 millones que indica la ley, al llegar a esta meta se informó que decidieron continuar para “dar mayor certeza al proceso y contar la historia completa”, sin embargo, ante el costo que implica, este miércoles volvieron a cambiar de opinión.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, sostuvo que el escenario ideal sería continuar con la revisión, pero ante la insuficiencia presupuestal no es posible hacerlo y, en consecuencia, esto implicaría incertidumbre de la ciudadanía en el ejercicio de derechos.
“Si fuera por ley, seguiríamos no sólo por un asunto de publicidad y derecho a la información, sino de garantía a los derechos. Pero lamentablemente hay todavía más de siete millones de firmas que no se han capturado, que en consecuencia no están en el sistema de verificación y que no sabrán en un futuro si su derecho de promover la revocación fue respetado y aquellos ciudadanos cuyos nombres aparezcan sin su consentimiento haya sido utilizado de manera inadecuada.
“No es lo deseable pero esos 6.4 millones de pesos que costaría la captura, con independencia de que la revocación va, son vitales para maximizar los esfuerzos institucionales del INE”, explicó.
El consejero presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Ciro Murayama, destacó que ante el déficit de recursos “no es oportuno seguir con esta validación”, pero dejó claro que el uso indebido de datos personales se investigará.
“Por supuesto hay un tema que tiene que ver con las inconsistencias y sus consecuencias, sobre todo en las que pueden implicar dolo y uso indebido de datos del padrón como la supuesta entrega de apoyo de personas recluidas en prisión y con defunción. No seguir no implica impunidad. Están identificadas las organizaciones que entregaron estas firmas que en su caso es Que Siga la Democracia”.
Como lo anticipó desde el viernes, la consejera Carla Humphrey reiteró que el INE no puede seguir con esta revisión si esto implica una erogación de recursos que no se tienen.
“Hasta este momento no hemos tenido respuesta sobre la entrega de recursos por partir de la Secretaría de Hacienda, por lo que un mes mas sería una erogación de 6.3 millones de pesos y si lo ampliamos a 90 días serían 19 millones de pesos, los cuales, por supuesto, no tenemos”, dijo.
La consejera Claudia Zavala consideró indispensable informar que este ejercicio de verificación no concluirá por la falta de presupuesto para que no se genere desinformación “frente a la posverdad que estamos viviendo en redes sociales”.
Aunque este informe no se lleva a votación, las y los consejeros coincidieron en no seguir con la verificación para no generar un gasto adicional de 6.3 millones de pesos para extender un mes más los contratos de las más de 200 personas que realizan este verificación, por lo que el proceso llegará hasta el próximo 31 de enero cuando dicho contratos vencen.
Morena respaldó que no siga la verificación, e incluso lo externó como una solicitud al Consejo General, con el argumento de que no pueden seguir los derroches cuando de manera contradictoria, “alegan insuficiencia presupuestal.
El reporte más reciente del INE indica que ya son 990 mil 189 firmas con inconsistencias, de las cuales 17 mil 833 corresponden a personas que ya fueron dadas de baja de la Lista Nomina de Electores porque murieron y mil 265 porque se encuentran en prisión desde hace años, con sentencia firme.
Estos números se dispararían en los próximos días, pues el INE todavía tiene pendientes más de 6 millones de rúbricas por revisar y cotejar con la Lista Nominal de Electores. Esta semana iniciarán las audiencias con las organizaciones que entregaron estos apoyos y se iniciarán investigaciones de aquellas personas que identifiquen que, sin su consentimiento, sus datos personales fueron entregados para apoyar este ejercicio.
El representante del Partido Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón pidió que se investiguen estos casos pues ironizó en que las organizaciones cercanas a Morena “pusieron sus módulos en los panteones” a quienes calificó de “impulsores del capricho presidencial”.
Mientras que Movimiento Ciudadano pidió que no se destruyan estas firmas, sino que se resguarden para analizar más adelante la posibilidad de concluir la verificación y determinar cuántas eran válidas y cuántas exhiben un mal uso de datos personales.