El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un protocolo de actuación para prevenir factores de riesgo en las elecciones, en el que propusieron mesas de coordinación con las áreas de seguridad, para detectar las zonas del país que registran violencia o intervención del crimen organizado, y salvaguardar la integridad del personal electoral y de las candidaturas.
Tras incumplir el periodo de 30 días que les impuso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 28 de septiembre, finalmente el Consejo General aprobó un protocolo de actuación que sólo contiene propuestas generales para colaborar con las instancias de seguridad pública.
El secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo dejó claro que se trata de un acatamiento, pero las facultades del instituto, sólo le permiten reforzar la colaboración, pues la seguridad no es facultad del árbitro electoral.
“Esta institución no puede garantizar la seguridad que implica la organización de procesos electorales, y menos aún, los actores que están implicados en esos procesos, sólo en coordinación podemos acercarnos con las autoridades responsables para que garanticen la integridad de las candidaturas no sólo el día de la jornada sino en toda la organización de los procesos electorales. El INE no tiene atribuciones ni personal calificado para realizar labores de seguridad o prevenir la violencia”.
Algunas de las y los consejeros coincidieron en criticar esta sentencia de la Sala Superior por haberles impuesto facultades que no les corresponden.
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La consejera Claudia Zavala destacó que “ésta no es una tarea del INE, no somos responsables de garantizar la seguridad ni de resolver o frenar la violencia, en este caso, conocida como violencia electoral”.
Mientras el consejero José Roberto Ruiz, agregó: “nunca me he pronunciado sobre las resoluciones del Tribunal, siempre soy muy respetuoso, pero esto es muy difícil al momento de ejercer sus sentencias, si uno lee la sentencia textual es difícil de acredita, si hubiera coordinación y nos escucháramos cómo vemos las cosas y cómo las ven ellos, podríamos, la familia electoral, tener mejores resultados”.
El protocolo señala, que para garantizar la seguridad y la eficacia del cumplimiento de las atribuciones del INE, es necesario que la autoridad responsable competente de seguridad “identifique las entidades, los distritos federales y/o locales o los municipios que por diferentes razones presentes problemáticos o podrían representar situaciones de riesgo durante los procesos electorales”.
Las autoridades deberán definir y dividir las zonas con problemáticas de inseguridad, con problemáticas sociales y con problemas por la presencia del crimen organizado.
Primero se deberán identificar estas zonas, después mediar y finalmente, determinar en dónde se requiere la actuación inmediata de las autoridades del Estado y de seguridad pública.
También identificarán a las y los candidatos que puedan ser objeto de amenazas o actos de violencia, y serán remitidas a las instancias superiores de oficinas centrales para reportarlo a las autoridades correspondientes.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá determinar si este protocolo es suficiente y si el INE cumplió con lo que se le ordenó, tras acreditar intervención del crimen organizado en las elecciones de Michoacán el año pasado y en Tamaulipas en el pasado proceso electoral.
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