El Consejo General del INE confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechará la controversia constitucional interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la orden que les dio el Tribunal Electoral, para que entreguen a la Unidad Técnica de Fiscalización toda la información sobre el caso de Pío López Obrador.
Después de darse a conocer que la FGR presentó esta controversia en la Corte ante su rechazo para entregar información sobre el caso de la entrega de dinero en efectivo por parte de David León, entonces asesor del gobierno de Chiapas, a Pío López Obrador y que presuntamente terminó en Morena, algunas de los consejeros electorales confiaron en que se desechará.
Coincidieron en que las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, por lo que no pueden impugnarse; y criticaron que después de más de un año de investigación, la FGR siga resistiéndose a entregar la información para que el área electoral pueda avanzar en la indagatoria referente a si este dinero terminó en las campañas electorales de Morena.
La consejera Carla Humphrey confió en que “obviamente la Corte no le dé entrada a esta controversia constitucional que desde mi punto de vista no debería” y finalmente puedan tener acceso a información de este y otros casos, pues de lo contrario, la FGR está en desacato.
“Que nos den ya acceso a esta información de vital relevancia para conocer casos que ya llevan cinco años o más en sustanciación en la Unidad de Fiscalización o Contencioso Electoral dentro de este Instituto Nacional Electoral. Así que espero que se resuelva rápido este tema, que presentemos los incidentes de la ejecución de sentencia.“Son casos en los que otra vez se nos está negando la información, violentando o desacatando sentencias de la Sala Superior, que es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y, por tanto, podemos tener acceso a las carpetas como Odebrecht que como decíamos tiene más de cinco años ya, resolviéndose en, o intentando desahogarse en este Consejo General”.
Humphrey celebró que el INE haya iniciado una estrategia jurídica para destrabar estos casos que tenían años sin avanzar, y para que finalmente, quede claro que la autoridad electoral no puede estar sujeta al secreto ministerial.
El consejero Ciro Murayama coincidió en que la FGR no puede presentar este tipo de controversias, pues el artículo 105 constitucional señala que la Corte conocerá de controversias constitucionales con excepción de la materia electoral y los fallos del TEPJF son definitivos.
“De ahí se podrá desprender, creo, que la Suprema Corte podrá desechar esa controversia que es de naturaleza electoral, porque lo único que queremos nosotros es conocer si eventualmente hubo recursos irregulares de Odebrecht, de la Estafa Maestra o del caso Pío López Obrador a distintos partidos, como pueden ser el PRI o Morena.“Ojalá que pronto se pueda tener acceso a estos expedientes que desde hace algunos años y en otros casos, meses, están en manos de la Unidad Técnica, que si no se ha avanzado ha sido por la resistencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ya el 30 de diciembre la Dirección Jurídica del INE hizo los requerimientos a la FEDE para que entregue, ya con la sentencia del Tribunal, la información solicitada y que ya obligó el Tribunal. Y ahora lo que tenemos es esa controversia”.
Murayama agregó: “ojalá que las autoridades procuradoras de la justicia electoral, como es la FEDE, no se convierta en un obstáculo para conocer a ciencia cierta si hubo o no dinero ilícito en actividades políticas”.
En diciembre del 2021, el TEPJF ordenó a la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, entregar toda la información que el INE solicitó sobre la investigación por el dinero en efectivo entregado a Pío López Obrador en 2015, presuntamente para financiar a Morena y si incluso, terminaron en la campaña presidencial del 2018.
Mientras que hace una semana, emitió la misma orden, pero para el caso de Odebrecht y así avanzar en la indagatoria sobre el presunto financiamiento indebido en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.