El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la propuesta de tres consejeras electorales para utilizar urnas electrónicas en la consulta popular del 1 de agosto en la que se preguntará a los ciudadanos si desean que se investiguen los presuntos actos de corrupción de los ex presidentes y otros ex funcionarios de México.
Aunque se tenía previsto incluir en la adenda a los Lineamientos para la Organización de la Consulta Popular un párrafo segundo en el artículo 34 de los mismos, en el que se planteaba la posibilidad de hacer uso de instrumentos de votación electrónica, a propuesta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, finalmente no fue añadido.
“Sorprendentemente esta votación, que tuvimos ayer en la comisión, no se refleja en estos lineamientos; si bien es cierto que este Consejo General y la mayoría de las y los consejeros electorales optaron o decidieron por que en esta consulta popular no se utilizaran instrumentos electrónicos de votación, a mí me parece claro que hay que dejar el precedente”, se quejó la consejera Carla Humphrey.
La propuesta del uso de urnas electrónicas estaba respaldada por la consejera Humphrey y sus compañeras Claudia Zavala y Adriana Favela. Sin embargo, al someter a votación del Consejo General dicha propuesta, el resto de consejeros electorales se manifestó en contra del uso de urnas electrónicas, por lo cual dicho planteamiento no prosperó y los lineamientos ya no lo incluirán.
En los lineamientos aprobados, el artículo 34 sólo precisa que “las urnas en que las y los ciudadanos depositen la papeleta, deberán ser de material transparente, plegable o armable, las cuales llevarán en el exterior y en lugar visible, impreso o adherido, en el mismo color de la papeleta que corresponda; la denominación ‘Consulta Popular’”.
Al defender su propuesta, la consejera Carla Humphrey expuso que se va a contracorriente con lo que se señala en la nueva normatividad de consulta popular y de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las cuales han avalado el uso de herramientas tecnológicas para recabar votaciones. Además, dijo que, aunque no aplica para esta consulta, la propia Ley Federal de Consulta Popular, de mayo pasado, establece ya el uso de urnas electrónicas.
Por su parte, el consejero Jaime Rivera expuso argumentos para rechazar la propuesta de Carla Humphrey y dijo que para el uso de urnas electrónicas se requieren condiciones técnicas y ejecutivas que no actualmente existen.
Reconoció que, si bien en elecciones de Hidalgo y Coahuila del año pasado se usaron urnas electrónicas, se requiere revisar el buen funcionamiento general de los instrumentos y tienen que programarse para el uso de opción a procesar y el tipo de actas a emitir, para lo cual no hay ni tiempo ni dinero para hacerlo.
“Son tareas complicadas que tendrán que restar atención que requieren las últimas etapas del proceso electoral”, consideró.
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