El dinero público que los partidos políticos no utilicen en sus actividades ordinarias y específicas y no devuelvan a la Hacienda pública, podrá ser descontado de la totalidad del financiamiento mensual que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) les entregan, hasta que se cubra el remanente por pagar.
Así lo determinó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en sesión extraordinaria, en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual le instruyó responder las dudas formuladas por el representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Consejo General y la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Yanko Durán Prieto.
La consulta solicitaba aclarar “el límite porcentual que debe retenerse de la prerrogativa mensual de financiamiento público a efectos de ejecutarse el pago del remanente no comprobado o ejercido, que no haya sido reintegrado por el Comité Ejecutivo Nacional o los Comités Estatales”.
Luego de un amplio debate entre consejeros electorales y representantes de partidos, se aprobó por mayoría ratificar que, tratándose de los recursos del financiamiento público para actividades ordinarias y específicas que los partidos políticos no devuelvan ni comprueben, los Organismos Públicos Locales Electorales deberán retenerlos de la ministración mensual inmediata que les corresponda hasta cubrir el monto total del remanente a reintegrar.
“Al no especificar o limitar cierto porcentaje de la ministración que le será retenida, se entenderá que será en su totalidad”, estableció el documento.
Esta última determinación fue rechazada por los consejeros Uuc-Kib Espadas, Claudia Humphrey, Adriana Favela y Norma Irene de la Cruz, quienes consideraron que para el pago de esos remanentes no devueltos, el descuento que hagan los OPLEs no debería ser del 100 por ciento de su financiamiento mensual, sino del 50 por ciento, tal como ocurre en el caso de los recursos remanentes destinados a gastos de campaña.
Sin embargo, a consideración de los otros siete consejeros electorales, los remanentes no devueltos deberán descontarse del financiamiento mensual hasta en el 100 por ciento, de ser necesario, pues así está establecido en los “Lineamientos para reintegrar el remanente ordinario”.
Los consejeros que votaron a favor del acuerdo fueron Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Jaime Rivera, Claudia Zavala, Dania Ravel, José Roberto Ruiz y Martín Faz.
El debate fue largo y dividió la votación ante la propuesta del PT de que el descuento de las ministraciones para pagar los remanentes no devueltos sea del 50 por ciento y no del 100 por ciento.
Se afecta a los partidos
La consejera Norma Irene de la Cruz argumentó que los remanentes no siempre son dinero sobrante, sino dinero que sí usaron, pero no comprobaron, y que ya no tienen, por lo que al retenerles su mensualidad posterior, se afectaría su operación.
Como ella, los representantes del PT y de Morena ante el Consejo General, Silvano Garay y Mario Llergo, respectivamente, alegaron que ese porcentaje de descuento podría afectar gastos corrientes del partido.
“El proyecto se aleja de la realidad al afirmar que es un recurso sobrante y que el partido político ya cuenta con los recursos provistos para la ejecución de sus actividades, por ello, en estos casos, los sujetos obligados sí tendrían un menoscabo en su operación ordinaria al retenerles el total de la administración, pues el remanente que deriva de recursos no comprobados, equivale a dinero que ya no tienen”, dijo De la Cruz.
“Regresar al 100 por ciento los remanentes, de tajo, nos dejaría a los partidos sin recursos, sin financiamiento, para pagar nómina y demás gastos, una propuesta de nosotros sería que, en lugar de regresar al 100 por ciento, regresar, por lo menos, el 50 por ciento, como lo es en financiamiento para campaña”, reclamó Garay.
“De aprobarse estos criterios y reintegrar al 100 por ciento la ministración mensual, se estarían vulnerando los derechos de los trabajadores y proveedores dependientes de los recursos de los partidos”, alegó Llergo.
El consejero Uuc-Kib Espadas dijo que la idea de que el dinero que no usaron y no comprobaron lo tienen los partidos, es errónea, y apoyó la propuesta del PT.
“Es un dinero gastado indebidamente, que el partido está en la obligación de reponer, pero que no podemos suponer que lo tengan, porque en el remanente se consideran como gastos mal ejercidos. ¿Está bien que los partidos ejerzan así el dinero? No, no está bien. Y en consecuencia, lo tendrán que devolver, pero me parece que esa obligación no puede fundarse en un supuesto que materialmente no se surte, esa cuenta no está en las cuentas de los partidos políticos”, dijo.
La consejera Adriana Favela expuso que se puede hacer algún tipo de ajuste como se han hecho en otros temas, como en el de las sanciones que pasó de descuentos del 50 por ciento al 25 por ciento de los financiamientos.
“El Derecho no es agarrar y aplicarlo como ‘aquí dice esto y no me importa lo que exista en este momento’”, dijo.
La consejera Carla Humphrey argumentó su voto al considerar que, si en recursos para financiar campañas se descuenta el 50 por ciento para pagar remanentes, en el caso de gasto ordinario debería ser igual.
“No le encuentro lógica a que, en el caso de campaña, poder descontar hasta el 50 por ciento de las ministraciones y en este caso no poder hacer este descuento y tener que hacerlo de manera total”, dijo.
"¿Y el principio de legalidad?": Murayama
En contraparte, el consejero Ciro Murayama defendió el acuerdo para descontar el 100 por ciento de las mensualidades para cubrir remanentes no devueltos y dijo que los lineamientos están establecidos así y no consideran un porcentaje menor, por lo que, si algún actor político no está de acuerdo, puede proponer su modificación.
“Lo que hoy se nos está proponiendo es que el Consejo desconozca la norma vigente, que inaplique los lineamientos y yo les pregunto ¿Dónde queda el principio de legalidad? Hoy nos lo piden para favorecer a los partidos políticos. ¿Sería válido hacerlo para perjudicarlos? No. El INE tiene que respetar el principio de legalidad, que implica el cumplimiento estricto de la normatividad vigente”, expresó.
Murayama espetó a la consejera De la Cruz que la ley no se puede aplicar a contentillo.
El consejero Jaime Rivera también defendió el acuerdo y aseguró que los remanentes son recursos que los partidos recibieron para un fin determinado, como el gasto ordinario, pero que no utilizaron, por lo que deberían devolverlo.
“Si los partidos no ejercieron un recurso público para sus fines, cuyo destino, además está reglamentado; la pregunta es: si no los ejercieron, ¿Dónde están esos recursos? Teóricamente los tienen y por lo tanto, deberían devolverlo”, dijo.
La consejera Claudia Zavala argumentó, como Murayama, que los lineamientos están vigentes y que no se pueden dejar de aplicar.
“Lo que tenemos que hacer es aplicar nuestra normativa vigente y a partir de eso, se derivarán actos posteriores”, como impugnaciones a dicha aplicación.
JLMR