Un estudio de las áreas técnicas del Instituto Nacional Electoral (INE) estimó que los mil 500 millones de pesos con que disponen para la revocación de mandato, alcanzan para instalar 65 mil casillas con las exigencias legales, es decir, apenas el 40 por ciento de las 162 mil previstas.
MILENIO publicó el pasado 14 de diciembre, que el INE analizaba dos escenarios para solucionar la insuficiente presupuestal que, hasta ahora, se mantiene con un boquete de 2 mil 300 millones de pesos para poder cumplir con la ley al pie de la letra. Uno era posponer las actividades desde enero y el segundo, presentar un “plan B” para continuar, pero con menos casillas.
Este medio confirmó que el "plan B" que INE pretendía presentar ante el Consejo General el pasado viernes, pero que no tuvo el respaldo mayoritario para su aprobación, se basaba en un estudio que las áreas técnicas presentaron en reunión privada de consejeros, que señalaba que, al tener uno de cada tres pesos necesarios, se podrían instalar 65 mil casillas de las 162 mil que la ley indica que la autoridad electoral está obligada a distribuir.
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Si una vez que el INE informe si se reunieron 2.7 millones de firmas válidas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprueba en febrero que el INE viole la ley, ajustando los estándares establecidos para que se adecúen al presupuesto con que cuentan, este estudio sería la base para que la autoridad electoral plantee un escenario de menor dimensión.
Sin embargo, el consejero Martín Faz confirmó a MILENIO que esta propuesta no prosperó porque quienes votaron en contra de la posposición de actividades a partir de enero consideraban que, en este caso, todavía podían realizarse más ajustes con los que pudieran alcanzar entre 85 mil y 90 mil casillas. Contrario a la opinión de la mayoría de las y los consejeros, estos cambios implicarían violar la ley, lo que sólo la SCJN puede autorizarles.
“Eso decían las áreas técnicas, pero algunos de nosotros pensábamos que todavía podíamos bajar algunos costos y que con esos mil 500 millones de pesos podíamos instalar todavía más, de hecho fue una de las diferencias que hubo entre nosotros porque solicitábamos que hubiera un escenario distinto en el que se hicieran modificaciones a la estrategia de capacitación, quizá contratar por menos tiempo y en vez de ir a visitar a 12 millones, que sean menos ciudadanos porque el año pasado ya hicimos una insaculación de 12 millones y resultaron dos millones apto, que fuéramos sólo con esos dos millones”, declaró.
Es decir, algunos de los integrantes del Consejo General apostaban por que se volviera a consultar a las y los mexicanos que participaron en las pasadas elecciones del 5 de junio y en la consulta popular (reducir de 70 a 40 días la contratación de más de 32 mil capacitadores previstos), lo que podría llevar a un ahorro de 500 millones de pesos y, así, poder aumentar de 65 mil a 85 mil o 90 mil casillas.
“La clave está en cuántas podremos instalar y la idea es que sea el mayor número posible, porque cuantas menos se instalen, más lejanas le van a quedar a la gente, y la idea es que en esta revocación participe el mayor número que se pueda; lo fundamental es la estrategia de capacitación porque es lo más caro, es la contratación de supervisores electorales, de capacitadores electorales y además el contratarlos por varias semanas".“Aunque algunos consideraron que no, que tiene que hacerse una insaculación también en esta, con otros ciudadanos diferentes”, detalló Faz.
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Otras propuestas de varios consejeros, como Carla Humphrey, era que las papeletas no se impriman en papel seguridad como en las elecciones, sino que se retomen otros candados de seguridad como los que se implementaron en la consulta popular, o que se les coloquen códigos de QR.
También, se propuso reducir gastos de viáticos para consejos locales y distritales para el recorrido de instalaciones para las mesas de casilla, pues con la pasada elección ya se conocen las ubicaciones, y se privilegiarían los espacios que cuenten con techo, sillas y mesas para sumar más ahorros.
La consejera Claudia Zavala agregó que “claro que tenemos diversas alternativas, para eso tenemos un equipo técnico que nos ha apoyado en revisar desde el presupuesto que tenemos, cuales serían las alternativas. El tema que se ha posicionado es que esas alternativas de alguna manera varían el modelo exigido en la ley de mandato, en la Ley de Revocación de Mandato, entonces por eso es acudir a los tribunales y el INE hará o que los tribunales decidan”.
Será hasta que el TEPJF reciba la impugnación de Morena contra el acuerdo para posponer las actividades y defina si el INE puede continuar con esta decisión o debe retomar las actividades con otro tipo de opciones, cuando la autoridad electoral retome este “plan B” en espera de que la SCJN dé la última palabra.
EHR