Cinco años después de la elección en la que participó como candidato presidencial independiente, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó imponer a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, una multa de 403 mil pesos por irregularidades detectadas en el financiamiento de su campaña electoral.
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El INE develó un “esquema sistemático y organizado para hacer pasar ingresos de dinero en transferencias como supuestas aportaciones de simpatizantes al otrora candidato independiente”.
En sesión del Consejo General, el consejero electoral Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que la demora en la resolución del caso se debió a la amplia investigación que se hizo, pero también a los obstáculos que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) enfrentó por parte de las autoridades financieras del gobierno federal, las cuales no entregaron o tardaron en entregar información requerida.
“Si bien es cierto que llama la atención el tiempo que tomó desahogar este procedimiento administrativo sancionador, éste se debe a las investigaciones que de manera acuciosa llevó a cabo la UTF y que hoy nos permite concluir que sí se cometieron importantes irregularidades por parte del sujeto denunciado, lo que nos lleva hoy a la imposición de la máxima sanción”, expuso Montaño.
El consejero manifestó que se ha enfrentado la problemática de no tener a la mano la información que se solicita a las diversas autoridades, con la finalidad de valorar los elementos suficientes y objetivos para determinar la capacidad económica de los sujetos infractores.
“En el informe que dimos por visto en el punto 6, la UTF da cuenta con los tiempos que tardan las autoridades financieras en dar respuesta y cuando la dan, hay ocasiones en que es tardía la respuesta, o son omisas en ellas, en estas solicitudes de información que se necesitan en la Unidad para poder tener elementos que permitan concluir satisfactoriamente con estos procedimientos”, reclamó.
La sanción que el INE impuso a El Bronco se debe a que en su campaña electoral hubo flujo inusual de recursos proveniente de personas morales y de personas no identificadas. Además, aportaciones en efectivo mayores a 90 UMAs, aportaciones provenientes de personas morales, aportaciones en especie mayores a 90 UMAs, aportaciones no reportadas verazmente, aportaciones no comprobadas y aportaciones de personas físicas con actividad empresarial.
El INE determinó que se realizó la triangulación de recursos en efectivo de personas morales a personas físicas, para que posteriormente las personas físicas aportaran en efectivo al sujeto obligado; del análisis efectuado a los estados de cuenta de los aportantes, se identificó el ingreso de depósitos de dinero en efectivo en igual o similar cantidad a la aportada; que existieron aportaciones en especie que provinieron de la actividad empresarial de personas físicas y que se realizaron aportaciones en especie de aportantes que no estaban facultados para donar un servicio o bien inmueble en comodato.
Además de la sanción económica, el INE dio vista a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La vista al SAT, en particular, se dio porque se advirtió la realización de aportaciones de recursos supuestamente por personas físicas, pero cuyo origen primigenio provino de las siguientes personas morales y/o personas físicas con actividad empresarial: Corporativo Aurayazuta, Organización Vortu, Betel Soluciones Integrales, Heriberto Díaz Rodríguez, Asociación de Charros Santa Rosa, Andrés Hernández Campos, Grupo Satrema y Evangelina Ceballos Lorenzo.
SCZ