Cinco años después, el Instituto Nacional Electoral aplicó fuertes sanciones económicas a actores políticos que actualmente son diputados y ex diputados locales en Tamaulipas, así como a militantes y al partido Morena, por omisiones en materia de fiscalización durante la precampaña de 2019 para renovar el Congreso Local.
La actual diputada local por el Partido del Trabajo, Elvia Eguía Castillo y los ex diputados de Morena, Javier Villarreal Terán, Roque Hernández Cardona y Edna Rivera López, fueron infraccionados por el Consejo General del Instituto mediante un procedimiento oficioso iniciado en el año 2019.
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En calidad de presuntos precandidatos a una diputación local en aquel entonces, postulados por el Movimiento Regeneración Nacional en el proceso 2018-2019, recibieron multas que van de los 73 mil a los 422 mil pesos.
La resolución se emitió el pasado 5 de septiembre de 2024 y fueron infraccionados también Oscar Alarcón Santos, Artemio Maldonado Flores, Imelda Bernal Sánchez, Irma Sáenz Lara, Fabián Vladimir Vázquez Ortiz, Carlos Elliud Pérez González, Carlos Antelmo Mora Arreola, Francisco Tenorio Rivera y Miguel Ángel Posadas Molina.
Carlos Elliud Pérez y Miguel Ángel Posadas recibieron solo una amonestación pública, mientras que a Morena como partido le descontarán un millón y medio de pesos mediante mensualidades de su financiamiento público.
Por esta razón el INE amonesta a ex diputados
Lo anterior, por hechos que se consideran infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados. Y es que el INE, tomó en cuenta todas las publicaciones que hicieron en Facebook para monitorear su actividad proselitista, cuyos gastos no reportaron a la Unidad de Fiscalización; ellos negaron que tuvieran tal fin.
El partido Morena y algunos de los actores políticos multados presentaron una impugnación ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revocar la sentencia en su contra.
Argumentaron un exceso en la dilación del procedimiento e inactividad procesal que vulnera sus derechos de acceso a la justicia, además de asegurar que ellos en ningún momento tuvieron la condición de precandidatos y por lo tanto no tenían porqué reportar sus ingresos y egresos, dijeron.
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SJHN