La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó una multa de medio millón de pesos para la organización Que Siga la Democracia, de Gabriela Jiménez, por simular, falsificar y entregar 15 mil firmas de personas muertas que apoyaron la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
También, aprobaron dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues advirtieron que el uso ilegal de datos personales está contemplado en la ley como un delito.
En la sesión de la Comisión, recordaron que de 17 mil 776 apoyos otorgados por personas que habían muerto y de éstas, 14 mil 957 las entregó la organización de la ex candidata de Morena, Gabriela Jiménez.
La consejera Claudia Zavala criticó que este ilícito es una conducta antidemócratica que afecta el derecho de la ciudadanía a particular en un ejercicio que por primera vez, les daría la oportunidad de decidir si querían someter al presidente de la República a una revocación de mandato.
“Tiene que ver con el uso indebido de documentos electorales, de copias de credencial, lo que queda claro es que se usaron de forma indebida para la revocación de mandato.
“Aquí lo que se demuestra es que muchas personas lo que hicieron es que no se verificó que ya habían muerto y resulta que están dando apoyo, ese es un comportamiento que no corresponde a demócratas, corresponde a sistemas donde se abusa de los instrumentos que la ciudadanía dio para otro trámite y le están dando un uso indebido”, explicaron.
Por ello, hicieron un llamado para la Fiscalía actúe en materia penal, pues se trata de un delito que debe ser sancionado conforme lo indica la ley.
“Que en materia penal de verdad se desplieguen las acciones que resulten necesarias, porque hay actos que constituyen delitos. Aquí lo que estamos viendo es que se presentó documentación falsa ante esta autoridad, pero hay otros delitos que ni le corresponden al INE, le corresponden a otra autoridad y ojalá, por el bien de nuestra democracia, esa institución despliegue las investigaciones y haga lo propio porque eso se llama delito”.
El consejero Ciro Murayama recordó que esta misma comisión emitió medidas cautelares, al advertir que había apoyos de personas que estaban dadas de baja del padrón electoral porque ya habían fallecido.
“Advertimos de algunos riesgos para la certeza y la legalidad del ejercicio, uno es que en vez de estar ante un ejercicio de interpelación de la ciudadanía hacia el poder era organizado desde el poder”.
Por lo que se sumó al llamado para que el caso se desahogue penalmente.
“Nosotros como autoridad administrativa impondremos a la persona moral una sanción administrativa, monetaria, pero el haber usado datos del padrón electoral fraudulentamente es un delito, y ojalá que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales actúe con la independencia que la Constitución le mandata para que estas prácticas totalmente abusivas y contrarias al estado de derecho, a la democracia y al decoro, sean sancionadas”.
Finalmente, la comisión aprobó que “se tuvo por acreditada la infracción consistente en la presentación de documentación o información falsa ante el INE, por parte de Que siga la Democracia. Se impone a Que siga la Democracia una multa de 5579.11 UMAS, equivalente a la cantidad de 500 mil pesos”.
“Se le ordena a Que siga la democracia AC y a su representante Gabriela publicar en su página y en sus redes sociales (de la asociación y de la presidenta) un extracto de la resolución durante el período de 30 días, precisando que al realizar las publicaciones y difundirlas, debe abstenerse de incluir comentarios o expresiones ajenas al extracto”.
En enero de 2022, MILENIO reveló las pruebas que exhibían, en ese momento, los casos de las primeras 5 mil personas fallecidas, además de formatos en los que la organización Que Siga La Democracia incluyó fotografías de perros, muebles o plantas, copias de credenciales con emojis en la cara de la persona o que incluían peticiones para otros trámites.
Es decir, personas que entregaron sus datos personales para recibir apoyos del gobierno, programas sociales o incluso, quejas ante dependencias, como reclamos por cobros excesivos en la Comisión Federal de Electricidad.
A más de un año del inicio de la investigación, finalmente este viernes la multa se debatirá en el Consejo General del INE, a poco más de una semana de que cambie la integración y llegue una nueva presidencia.
LP