La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a los alcaldes de Morena en la Ciudad de México retirar de manera inmediata el desplegado de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y recordaron que “México está esperando que asuman su responsabilidad democrática”, pues “es grave y preocupante” que la contumacia en sus acciones ya está generando violaciones directas a la Constitución.
El pasado 16 de febrero, las y los siete alcaldes de Morena en al Ciudad de México: Armando Quintero Martínez, de Iztacalco; Clara Marina Brugada Molina, de Iztapalapa; Francisco Chíguil Figueroa, de Gustavo A. Madero; Judith Vanegas Tapia, de Milpa Alta; Araceli Berenice Hernández Calderón, de Tláhuac; Evelyn Parra Álvarez, de Venustiano Carranza; y José Carlos Acosta Ruiz, de Xochimilco; firmaron un manifiesto de apoyo al Presidente de la República.
El desplegado que se publicó en un periódico nacional incluía frases que destacaban las cualidades y labor de López Obrador como su “férrea determinación que lo caracteriza”, “no cesa en su afán de cambiar el rumbo de nuestra país”, “con la única convicción de mejorar la vida de los que nunca han tenido nada”, “dirigente social preocupado”, “se habla de tú con el pueblo”, lo que el Partido Acción Nacional denunció por tratarse de promoción personalizada y propaganda gubernamental en tiempo indebido por las restricciones de la revocación de mandato.
Las y el consejero retomaron el criterio de desplegados anteriores similares como el de la jefa de Gobierno y 17 gobernadoras y gobernadores de Morena, por lo que ordenaron a las y los alcaldes capitalinos de Morena retirar este desplegado de manera inmediata.
“Porque el desplegado exalta cualidades del Presidente de México, por ejemplo, que es un dirigente social que se preocupa por las necesidades del pueblo y cuenta con el respaldo de éste. Desde perspectiva preliminar sí podría constituir propaganda personalizada”, señalaron.
Aunque después de la denuncia, algunos alcaldes como Clara Brugada lo eliminaron, otros, como el de Gustavo A. Madero e Iztacalco, aún los mantienen en su cuenta de Twitter, y declararon improcedente emitir la orden de abstenerse de repetir estas acciones, porque se tratan de hechos futuros de realización incierta.
“¿Cuánto tiempo para que asuman su responsabilidad democrática?”: consejera
La consejera Claudia Zavala emitió un posicionamiento contundente en el que exhibió que las y los servidores públicos han incurrido en estas violaciones a pesar de que conocen sus restricciones y las medidas cautelares que ya se han emitido en ocasiones anteriores, por lo que lamentó la actitud de reincidir ocasionando ya graves y preocupantes violaciones la constitución.
“¿Cuándo las y los servidores públicos se van a poner en orden? Y lo reitero porque nos falta más de un mes de este proceso y frente a la ciudadanía debemos de dar ejemplo de un comportamiento democrático, más allá de que nos guste o no nos guste la forma como se define el modelo en la Constitución y en la ley, ¿qué más tenemos que esperar decirle a los servidores públicos cuando se les ha reiterado sus obligaciones?, ¿qué más está esperando México todas y los servidores públicos asuman que en este momento es un espacio de neutralidad?
“Por lo que implica la revocación de mandato es no hablar del tema ni de las cualidades del Presidente, ni de los logros, de las cualidades ni de nada, este es un momento ciudadano, ojalá podamos tener ese compromiso, ni a favor ni en contra, ahorita es el silencio de las y los servidores públicos.
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“Las tutelas preventivas están dejando de tener un sentido porque la contumacia en el actuar de las y los servidores públicos no sólo está poniendo en riesgo que es lo que nosotros estábamos evitando, sino que están llevando a que se concreten violaciones directas a la Constitución y eso es grave, porque entonces sí habla de que hay una parte que no estamos asumiendo responsablemente quienes estamos al servicio público, y eso es preocupante”, indicó.
La consejera criticó que las medidas cautelares son un recordatorio que deberían tomarse “con la seriedad que exige un sistema democrático”, por lo que confió en que se entienda este nuevo llamado para no llegar a tutelas preventivas que implica que hay reincidencia y el riesgo de que se sigan repitiendo.
Fue insistente en que este modelo puede o no gustarle a las y los servidores públicos, pero es el vigente que debe acatarse y que deja claro que es únicamente la ciudadanía la que decidirá sobre el Presidente de la República, si quieren que se quede o que se vaya.
“Es un modelo que puede ser un tanto cuestionado, pero lo que podemos señalar es que existe, es vigente y por tanto se tiene que cumplir aún cuando lo puedan cuestionar o no estén de acuerdo con éste. Desde un principio, esta comisión ha señalado cuáles son los deberes de los y las servidoras públicas y eso lo ha ratificado el Tribunal Electoral, no es sencillo lo que está pasando en nuestro país.
“El modelo puede no gustar, puede resultar ahora un poco de tensión con el quehacer institucional pero así está, así lo dice la Constitución y así lo marca la Ley federal de Revocación de Mandato que, repito, lo aprobaron los legisladores actuales, no los legisladores del pasado. Los actuales son los que aprobaron este modelo y ojalá asuman esta responsabilidad, más allá de que no les gusten, que asuman su responsabilidad democrática se apeguen a su deber constitucional”, pidió.
El consejero Ciro Murayama criticó que se trate de “un episodio más” en que se viola la Constitución, pues después de senadores y senadores, gobernadores y gobernadoras, la jefa de Gobierno, ahora “se trata de siete alcaldes que de manera orquestada publican un texto, se trata de una argumentación una vez más turiferaria respecto al Presidente de la República.
“Es decir, subrayando sus virtudes y puede que legítimamente así lo consideren, pero lo cierto es que hacer este tipo de publicidad, de campaña de reivindicación o de promoción de las virtudes que ellos identifican y que ellas atribuyen al Presidente de la República, contraviene a este deber de neutralidad”, dijo.
La consejera Adriana Favela, presidenta de esta comisión en estas críticas al destacar que no hay semana en que no se analice un caso de contravenciones a la Constitución por parte de los servidores públicos.
LP