El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que solicitará cinco mil millones de pesos para realizar la revocación de mandato y una posible consulta popular, basándose en un acatamiento al criterio que les impuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que previeran estos recursos, apegándose a la ley secundaria que aprobó el Poder Legislativo “que incrementa los costos”.
Como MILENIO adelantó, el INE probará cinco mil 743.57 pesos de presupuesto exclusivo para estos ejercicios democráticos la próxima semana. En conferencia de prensa, la Comisión Temporal de Presupuesto 2022 confirmó que de los 18 mil 827 millones de pesos que solicitarán para el próximo año, mil 913.13 pesos serán para una posible consulta popular, al estar aprobado que se puede realizar una cada año, y tres mil 830.45 millones de pesos para la revocación de mandato.
“Aún cuando hasta ahora la revocación de mandato y la consulta son jurídicamente sólo una posibilidad, el INE tiene que calcular su costo y sumarlo en el presupuesto y así se está haciendo. Si se diera el caso de que alguno o ambos ejercicios no fueran aprobados, de conformidad con las normas vigentes, el INE devolvería en su momento el importe correspondiente a la Tesorería de la Federación”, explicó el consejero Jaime Rivera, presidente de esta comisión temporal.
El consejero insistió en que este presupuesto se debe solicitar no sólo por previsión, sino en acatamiento al criterio que les impuso la Suprema Corte luego de que el INE interpusiera una controversia constitucional para solicitar presupuesto adicional para la consulta popular de este año, a lo que respondió que es el instituto el responsable de prever este presupuesto cuando tiene conocimiento de la intención de estos ejercicios y porque las consultas populares anuales ya están fijas en la ley.
Por ello, Rivera advirtió que “si se diera el caso de uno o dos de estos ejercicios de participación ciudadana y no se otorgaran los recursos necesarios, habría una imposibilidad material para cumplirlos, y el INE recurriría al Poder Judicial”, pero confió en que este sería “un escenario que vemos muy poco probable”, con el antecedente de la SCJN que se debe acatar.
Al cuestionar el por qué el presupuesto es superior, incluso a los mil 499 millones de pesos que habrían solicitado en 2020 para la consulta del pasado 1 de agosto, las y los integrantes de la comisión explicaron que en aquél momento se presupuestó conforme a un programa del INE, pero ahora, deben apegarse a las normas que aprobó el Poder Legislativo.
“Ya hay una ley base para presupuestar el ejercicio de participación ciudadana, el criterio, como cambió, implica la cantidad que se está presupuestando. Tenemos una ausencia de ley en revocación de mandato, pero también tenemos la obligación de presupuestar. Damos una base presupuestal porque tenemos la obligación de hacerlo en agosto de 2021”; señaló la consejera Claudia Zavala.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama agregó que “las nuevas reglas ahora no se nos permite instalar mesas con dos mil papeletas, sólo con mil 500, y eso implica más mesas a instalar y más personas a capacitar. La nueva ley de consulta popular que aprobó la legislatura que está acabando es la que incrementó los costos de una consulta popular”.
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Para la revocación de mandato, el INE prevé instalar el triple de las casillas que se colocaron en la consulta popular del 1 de agosto, cuando se instalaron 57 mil casillas. Ahora, el proyecto presentado contempla 161 mil 490 casillas en los 300 distritos de las 32 entidades federativas, para 92.4 millones de personas inscritas en el listado nominal.
Se contratarán a cinco mil 430 supervisores y supervisoras electorales, y capacitarán a 34 mil 421 asistentes electorales. Sortearán a 12.01 millones de ciudadanas y ciudadanos para lograr 484 mil 470 funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla.
Mientras que en el caso de una eventual consulta popular, en esta ocasión se instalarían 96 mil 591 casillas, casi 40 mil más que en el ejercicio anterior. Dos mil 55 supervisores y supervisoras electorales que serían capacitados por 16 mil 226 personas, que a su vez visitarían a 12.01 millones de ciudadanas y ciudadanos para seleccionar a 289 mil 772 funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla.
Adicional a estos más de cinco mil millones de pesos, el presupuesto anual que el INE solicitará a la Cámara de Diputados incluye 11 mil 225 millones de pesos de presupuesto base y mil 858.71 millones de pesos de cartera de proyectos, lo que insistieron las y los consejeros, es un presupuesto con racionalidad, realismos y justificación, apegados a la austeridad y evitando dispendios.
El presupuesto contempla lo necesario para organizar en el 2022 seis procesos electorales de gubernaturas y el mismo número de procesos locales.
“Pero la austeridad no puede confundirse con inoperancia. El gasto del INE, sin los gastos de la revocación y la consulta, equivale a 31 centavos por cada 100 pesos del presupuesto de la Federación. El esfuerzo de racionalizar el gasto es notable, aún cuando se encomienden al INE nuevas actividades extraordinarias de gran envergadura, los dichos recurrentes de que el INE es cada vez más costoso, no corresponden a la realidad, son más bien expresiones de prejuicios o de ignorancia”, agregó el consejero presidente de esta comisión, Jaime Rivera.
LP