El INE amplió el periodo para que la Fiscalía General de la República investigue contratos no solo en la gestión de Guadalupe Taddei sino también en el último tramo de Lorenzo Córdova, no por una narrativa política o externa al árbitro electoral, sino "para no quedarnos cortos" y porque el instituto "no debe tener nada qué ocultar en ningún momento de su historia" pues debe limpiar su imagen "sea como sea".
MILENIO publicó este lunes, que la denuncia de hechos presentada por el INE ante la FGR pide ampliar el periodo de investigación. Solicita rastrear posibles "conductas delictivas" o irregularidades en la asignación de contratos en un periodo que contemple tanto la presidencia de Taddei como el último tramo de Córdova, y que se identifiquen a todas las personas que hayan "participado, facilitado o encubierto" esta presunta red de corrupción, favoritismo y conflicto de interés, pero es clara en que "de manera particular" se debe poner atención en los pagos de la elección presidencial del 2025, la judicial del 2025 y la producción de la credencial de elector.
Petición a FGR para resguardar archivos y evidencias
La consejera presidenta provisional Blanca Cruz y los consejeros Arturo Chávez y Arturo Castillo explicaron que este periodo va de la mano con la decisión que tomaron en el Consejo General respecto al "plan para restaurar la integridad del INE", done establecieron que cualquier acción o denuncia futuras incluirían implicaría 10 años, aunque en ese acuerdo se señaló que al haber delitos en los que ya estaría prescrito el delito, sea grave o no grave, el periodo dependería de la facultad de investigación de cada autoridad.
Por lo que, Blanca Cruz dijo que si bien la crisis se deriva de la gestión de Taddei, el objetivo del INE es "no quedarse corto" en pedir que se investiguen periodos limitados.
"Dejamos abierta la facultad de investigación a la competencia legal de investigación que tiene esta instancia, para no tener un tema cerrado en un número de años o que pudiéramos incluso quedarnos cortos, que no sea que solamente dijéramos 'sólo éste o éste' sino que sea en atribución de la competencia y atribuciones legales en la facultad investigadora y sancionadora, hasta dónde puede hacer las investigaciones conducentes, de eso se trató".
El consejero Chávez agregó que el objetivo es dejar claro que el INE debe estar abierto a que se investigue a fondo y no dejar nada oculto, que pudiera derivar en indicios que beneficien a las indagatorias y el deslinde de responsabilidades.
"La institución no tiene nada que ocultar o no debe tener nada qué ocultar en ningún momento de su historia y el derecho a la transparencia no debe limitarse a un periodo sino debe ser en todo el que haya competencia para investigarse".
Mientras el consejero Arturo Castillo aprovechó para dejar claro que el INE no busca sumarse a narrativas externas o políticas respecto a Lorenzo Córdova o su gestión, sino que se trata de una decisión institucional y no política, de máxima apertura y transparencia.
"Se han generado quizá, algunas sospechas sobre el porqué ampliamos el periodo, es un ejercicio e apertura y no tiene nada qué ver con las intenciones, los mensajes y los posicionamientos de otros actores político o de otras autoridades, pero es exclusivamente una cuestión del instituto para decir 'estamos abiertos a que se analice y que se investigue todo lo que se tenga que investigar', porque de lo que se trata es de recuperar la confianza ciudadana. No tiene dedicatoria, es apertura, se trata de limpiar la institución sea como sea".
MILENIO también reveló que el INE pidió que sea la FGR la que intervenga directamente en el instituto para resguardar todos los documentos y evidencias referentes a los contratos que se les piden indagar, para evitar la "pérdida, destrucción o alteración de los expedientes contractuales, comprobantes de pago, bitácoras o archivos físicos y electrónicos”.
Al cuestionarles si existe alguna sospecha o desconfianza del personal cercano a Taddei que permanece en el instituto de que pudiera actuar de esta manera, el consejero Castillo respondió que la petición es para que sea la autoridad que investigará, la que determine de inmediato, lo que necesita resguardar desde este momento.
"Sobre el porqué del resguardo, es porque la Fiscalía General de la República igual que las autoridades fiscalizadoras como la Auditoría Superior de la Federación tienen facultades para dictar medidas cautelares y proteger el acervo probatorio de aquellas investigaciones que se están llevando a cabo. Se trata de decir 'tomen las medidas que consideren pertinentes para resguardar el acervo que necesitarán en sus investigaciones que decidan llevar a cabo', que se protejan".
La denuncia de hechos que presentó el INE a nombre de las 10 consejerías electorales en funciones, es "contra quien resulte responsable" pues pretenden que la FGR dé con todas las personas que en algún momento pudieron colaborar para reforzar esta presunta red de corrupción en los contratos del instituto.
IOGE