El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de controversia constitucional en contra del Plan B de la reforma electoral.
El nuevo recurso judicial controvierte la segunda parte del llamado Plan B, del 2 de marzo pasado, cuando entró el vigor el decreto que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Dicho recurso se suma a la controversia constitucional que ya había sido presentada por el INE el 1 de febrero, en contra de la primera parte del Plan B, que consiste en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
En un comunicado, el INE detalló que mediante la controversia constitucional se busca defender no sólo la autonomía del instituto, sino el Estado democrático establecido en la Constitución, “ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales”.
“En la demanda presentada hoy, se solicita al Máximo Tribunal del país que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”, aseguró el organismo.
La nueva controversia se basa en cuatro ejes fundamentales, a saber: la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, la vulneración a la autonomía e independencia del INE por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales y la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma.
El Instituto argumentó que se violó el debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, pues se dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Esto, alegó el INE ante la SCJN, impactó en la calidad democrática de la reforma.
En segundo término, consideró que se vulneró la autonomía e independencia del instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que el INE demandó la invalidez de gran parte de la reforma, ya que afirmó que se está invadiendo su esfera competencial por parte de legisladores y del presidente de la República y el secretario de Gobernación.
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Además, alegó la reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas y que el Plan B desmantela la estructura orgánica y afecta los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral.
“El instituto tiene plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma”, aseguró.
LP