El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, desmintió que la revocación de mandato vaya a costar nueve mil millones de pesos, o que el organismo se niegue a realizarla. Aclaró que el presupuesto que solicitarán en el 2022 incluirá lo necesario para este eventual ejercicio, y esperarán que el Congreso cumpla con la ley reglamentaria pendiente.
Esta mañana, una asistente a las conferencia del presidente Andrés López Obrador le aseguró que “el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que no hay condiciones legales ni presupuestales para hacerla, y que se venció el plazo para aprobar la reglamentaria”, por lo que el consejero presidente emitió una serie de aclaraciones en su cuenta de Twitter.
“Se ha estado difundiendo información sobre el costo de un eventual proceso de revocación de mandato, afirmándose que éste rondaría los 9 mil millones de pesos. Eso es incorrecto. Nueve mi millones de pesos es el costo aproximado de una elección federal. Un eventual proceso de revocación de mandato tendría una naturaleza distinta, por lo que sus costos serían significativamente menores”, escribió.
Ante la afirmación de que no había “condiciones legales ni presupuestales”, recordó que el INE se encuentra elaborando el presupuesto del próximo año, que contemplará lo previsto para este ejercicio.
Ante esto, reiteró que, como se ha mencionado en el Consejo General del INE, el Poder Legislativo aún no ha resuelto la ley secundaria pendiente sobre la que deberá regirse la organización de la revocación de mandato del Presidente.
“El INE se encuentra configurando su anteproyecto de presupuesto para 2022, analizando, entre otras cosas, los costos de una eventual revocación de mandato, para lo cual sería muy conveniente contar con una ley secundaria que hasta la fecha el Congreso no ha aprobado.
“El anteproyecto de presupuesto que presentará el INE a la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados contemplará la solicitud de recursos necesarios para una eventual revocación de mandato con todas las garantías de legalidad, certeza y profesionalismo de nuestro sistema electoral”, dijo.
LP