La propuesta que las consejerías del INE siguen analizando para denunciar penalmente a Guadalupe Taddei contempla seis delitos que incluyen tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, por presuntos actos de corrupción para favorecer “deliberadamente” a una red de empresas y beneficiarse de ello.
MILENIO confirmó con las consejerías y equipos jurídicos que hasta este medio día seguían afinando el borrador que se les entregó el miércoles por la noche, que, al inicio, se preveía una vista basándose en las facultades administrativas del INE, sin embargo, analizaron que podrían enlistarse posibles delitos pidiendo a la Fiscalía General de la República que realice los estudios periciales correspondientes, para contrastar los videos difundidos con los contratos que se dieron en el instituto.
Los seis delitos enlistados son “los referentes al artículo 222, fracciones I y II, del Código Penal Federal” que se enlistan explicando las acciones de las que se acusa a Guadalupe Taddei y que encuadran con estos supuestos.
Se trata de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho.
El documento acusa un “contubernio” y “acciones indebidas” desde el “abuso de poder” de la exconsejera presidenta, por el cargo que ostentaba como máxima autoridad del INE para presuntamente “favorecer a particulares específico”.
Las consejerías pidieron ajustes como, por ejemplo, que se especifique cada acción que podría impactar en cada uno de estos delitos y ser insistentes en que la Fiscalía General de la República debe rastrear el origen de los videos.
Los videos en los que Guadalupe Taddei aparece haciendo cuentas con el proveedor Alfredo Hernández Casillas sobre las ganancias que se repartirían por la entrega de contratos, particularmente la de la producción de la credencial de elector, implican una parte importante de la denuncia.
Las consejerías consultadas explicaron que el equipo que está afinando la propuesta entregada por la encargada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Anahí Silva nombrada por la propia exconsejera Guadalupe Taddei están siendo insistentes en que la FGR debe obtener las grabaciones originales, y determinar el lugar y la fecha en que fueron grabadas, las condiciones en que se dieron esas reuniones y el origen de la filtración.
También que se ponga bajo la lupa a las empresas involucradas en todos los contratos que se otorgaron en la gestión de Guadalupe Taddei, de abril de 2023 que llegó al INE al pasado 25 de octubre cuando fue su último día en la presidencia electoral.
Se prevé que esta tarde quede lista la versión final y se presente hoy mismo.
LG