El Instituto Nacional Electoral propuso como otra opción para reducir el costo de la elección judicial, que las candidaturas se reduzcan a solo una por cada Poder de la Unión, para que ya no se tenga bloques de nueve finalistas en casos federales y de seis por cada magistratura de circuito y juzgados de distrito.
Fuentes de primer nivel involucradas en el proceso, detallaron a MILENIO que en la reunión privada de ayer entre la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la renovación del Poder Judicial de la Federación y el Comité de Evaluación del Poder Judicial, se expuso que las áreas técnicas planteaban que para ahorrar en boletas “gigantes”, la clave es reducir el número de candidaturas.
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La propuesta que se planteó como una alternativa que el Poder Judicial deberá evaluar, es que en lugar de que cada Poder la Unión postule a tres candidaturas por cada cargo a renovarse a nivel federal y a dos por cada magistratura de circuito o juzgado de distrito, todos los cargos por igual se reduzcan a una sola propuesta, para entre todos tener máximo tres.
Esto implicaría que, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se elegirán nueve sillas y por cada una debe haber tres candidaturas, es decir, 27 por cada Poder de la Unión, se postulen únicamente uno por cada una de las nueve sillas. Así, se pasaría de un total de 81 candidaturas sumando al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, a únicamente 27, o sea nueve por cada poder, únicamente derivadas del proceso de selección que marca la reforma.
Así, se reduciría el tamaño de las boletas todavía más en comparación las previsiones originales. Y es que de manera inicial, antes de que se estableciera el marco geográfico electoral judicial, se preveía que con la cantidad de candidaturas que marcaba la reforma, las boletas podrían ser de tamaño doble tabloide. Gigantes en comparación con todos los procesos electorales del país.
Ahora, con la nueva distribución geográfica, la boleta con el mayor número de cargo sería la de la Suprema Corte con 81 candidaturas enviadas por los tres Comités de Evaluación, más las tres ministras en funciones que buscarán permanecer en el cargo, Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, es decir, un máximo de 84 nombres.
Mientras que la de menor información sería la de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se renovarán dos magistraturas, por lo tanto, se enviarán tres finalistas por Poder por cada una, un paquete de seis para que 18 lleguen a la boleta entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
De considerarse la nueva propuesta del INE, la boleta con más candidaturas sería la de la SCJN con 27 nombres y la de menos la del TEPJF con seis nombres, por lo que así, las boletas podrían mantenerse en el mismo tamaño de las que se utilizan en cada elección, es decir, tamaño carta de 22 centímetros por 28 centímetros.
Además, todas serían del mismo tamaño, se podría colocar toda la información que la ley exige de manera visible, como los nombres completos por orden alfabético y enumerados, el cargo por el que compiten y la entidad federativa, su especialización, la autoridad que postula a cada candidatura y si ésta se encuentra en funciones o resultó del proceso de la reforma.
En la reunión privada, el Comité de Evaluación del Poder Judicial recibió la explicación de la nueva distribución geográfica y cómo se convirtieron los circuitos judiciales en distritos electorales judiciales, armonizando las entidades para que cada persona elija máximo entre nueve y 10 cargos de magistraturas de circuito y juzgados de distrito, y ninguna entidad concentre más votación.
El Poder Judicial será el que deberá evaluar las alternativas del INE para poder ajustar el presupuesto de los 13 mil 205 millones de pesos solicitados, y que se pretende reducir al menos en una tercera parte. Pues el INE no tiene facultades para ajustar candidaturas como en proceso electorales donde determina cambios por paridad o acciones afirmativas, sino que debe ser el Poder Judicial el que así lo determine a los Comités de Evaluación.
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