La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó aplicar medidas cautelares en contra de la organización política Sí por México por llamar a no participar en la revocación de mandato del Presidente de la República, así como del presidente municipal de Ecatepec, Luis Fernando Vilchis, quien, por el contrario, promovió votar para que Andrés Manuel López Obrador se mantenga en el cargo.
En el primer caso, Morena denunció a Sí por México, que conforman personajes como Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, por una carta publicada en sus redes sociales el 15 de septiembre en el que hacían un llamado expreso a no participar en la revocación de mandato.
Entre los argumentos que expuso esta organización, destacan que la revocación de mandato “promovería mayor polarización social y crispación del ánimo de confrontación en el país; no garantizaría un cambio real pues, el nuevo titular del Ejecutivo Federal provendría del mismo movimiento que gobierna; el gasto es innecesario y sería irresponsable; el Presidente tendría pretexto para dedicarse a hacer campaña personal durante los siguientes siete meses, abandonando su función de gobernante”.
La comisión consideró que se trata de frases de opinión y percepción de una organización ciudadana desde su libertad de expresión y no se advierten acciones para obstruir el proceso, en caso de realizarse o durante la recopilación de firmas.
En el segundo caso, el PRD denunció al presidente municipal de Ecatepec, Luis Fernando Vilchis Contreras, por presunto uso indebido de recursos públicos por promover durante el evento Primer asamblea informativa a nivel nacional, apoyo al Presidente para que se mantenga en el cargo hasta que concluya su mandato en 2024.
El proyecto concluyó que no es posible aplicar medidas cautelares de tutela preventiva, porque se está ante hechos futuros de realización incierta, ya que “no existen elementos que permitan afirmar que el servidor público realizará actos que afecten la libertad de voto de la ciudadanía en el contexto de un posible proceso de revocación de mandato y que utilizará recursos públicos para ello”.
Las y el consejero integrantes de esta comisión coincidieron en que, si bien es un hecho aislado, es importante hacer un llamado a las y los servidores públicos para que se apeguen a los principios de neutralidad si se da este ejercicio.
“Lo cierto es que sí debe quedar claro es el deber de imparcialidad, de neutralidad de parte de todos los integrantes de los órganos de gobierno, de todos los servidores, y todas las servidoras públicas de este país, ¿por qué esa restricción? Porque queda asentada desde la constitución para los ejercicios de participación ciudadana”, explicó la consejera Claudia Zavala.
LP