Ciudadanos, militantes y simpatizantes de partidos políticos pueden invitar a la población a participar en la consulta popular del próximo 1 de agosto, pero deben cuidar que la información que proporcionan no sea incorrecta y se apegue a la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual no incluye nombres de expresidentes, advirtieron consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Al desechar una queja presentada en contra de Morena, el Partido del Trabajo, y militantes y servidores públicos relacionados con esos partidos políticos, que supuestamente realizaron actos para difundir información relacionada con la consulta popular del 1 de agosto, los consejeros advirtieron que “es importante no malinformar amparándose en el derecho a la libertad de expresión”.
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El consejero Ciro Murayama recordó que cuando la SCJN decidió dar validez a la consulta, lo hizo con la pregunta “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Por lo tanto, dijo, en la pregunta que la Corte declaró válida no hay la mención a ningún individuo, ningún conjunto de personas identificadas, ni a quienes hayan ocupado uno u otro cargo, habla de actores políticos en lo general.
Así que, agregó, “las expresiones de distintos ciudadanos, algunos con responsabilidades políticas , en el sentido de que la consulta que está organizando el INE para determinar si se enjuicia a expresidentes, no se apega a lo que la Corte determinó”.
Por eso, concluyó Murayama, “me parece que quien quiere promover la participación ciudadana en estos ejercicios de democracia directa, también debería de promoverlo con apego a lo que la Corte determinó, sin engañar que se trata de una pregunta que el propio Máximo Tribunal no consideró válido constitucionalmente y por eso retiró nombres de personas”.
La consejera Claudia Zavala aseguró que difundir la consulta “implica tener elementos que den certeza de cómo van a pasar las cosas y la Constitución también habla de que esa promoción que se hace, debe de ser imparcial, pero también debe estar dirigida a promover una reflexión y hacer una difusión cierta de cómo van a ser las cosas y en este ejercicio, por los hechos que tenemos denunciados, hay cosas que no están correspondiendo con la realidad”.
Explicó que, de acuerdo con el proyecto propuesto, y aprobado, “en apariencia del buen derecho”, no hay algo que impida o que prohíba que otras personas o personajes políticos promuevan la consulta y que lo que hay es una disposición constitucional y legal a que es el INE el que va a llevar a cabo la organización y difusión de la consulta a partir del 15 de julio.
“En el fondo, este va a ser un tema muy importante, al ser un ejercicio de participación ciudadana, ¿pueden personas políticas intervenir en la difusión y organización? Será una cuestión que tenga que verse desde el sistema, a través del Tribunal Electoral, en este caso la Sala Regional Especializada”, dijo.
Sin embargo, la difusión debe hacerse con base en lo aprobado por la SCJN, cuya pregunta “no hace referencia a que se haga una consulta dirigida a juzgar a expresidentes”.
La consejera Adriana Favela aseguró que es “importante comunicar de manera eficaz y con información que sea verídica y que esté avalada por el INE”.
DMZ