La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) no tuvieron intervención ni coaccionaron a sus agremiados para afiliarse a al menos tres de las organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos.
Los consejeros, que sesionaron en calidad de urgente, coincidieron en que los agremiados a estos sindicatos se afiliaron a las organizaciones desde el pleno ejercicio de sus derechos políticos-electorales y no como una imposición.
Se trató de tres quejas, dos de ellas interpuestas por el Partido Verde Ecologista de México, en contra de las organizaciones Redes Sociales Progresistas, de Fernando González, yerno de la ex lideresa Elba Esther Gordillo, y de Grupo Social Promotor de México (antes Nueva Alianza) por la supuesta participación indebida del SNTE en el proceso de afiliación.
Así como la queja interpuesta por el priista Juan Manuel Barreto Quijano y Nancy Peralta Medina en contra de Fuerza Social por México, de Pedro Haces, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) por la intervención de este sindicato, en específico del dirigente de Tlaxcala, Alejandro de la Rosa.
El consejero Ciro Murayama dijo que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral encontró coincidencias, como en Grupo Social Promotor de México, de los 572 personas que fungieron en las presidencias o secretarías de las asambleas, 502 son agremiados del SNTE; mientras que en Redes Sociales Progresistas, de 50 casos, 12 eran agremiados de ese mismos sindicato.
Y en el caso de CATEM, hay cinco presidencias, dos secretarías y 26 delegaciones con vínculos a esta confederación, sin embargo, sostuvo que “nuestras leyes no indican que un trabajador sindicalizado pierda sus derechos de afiliación”.
“Yo no veo ni coacción ni intervención de la organización a través de recursos monetarios o de infraestructura o de bienes”, concluyó Murayama.
Postura respaldada por las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, quienes señalaron que cualquier mexicano pertenezca o no a un sindicato o cualquier otro tipo de organización, tiene su derechos políticos-electorales y nada les impide ejercerlos.
“Lo importante es que no haya afiliación gremial colectiva y las pruebas resultan insuficientes para acreditar que hubo una afiliación colectiva y nos movemos en el plano del ejercicio de los derechos desde su individualidad.
“Una persona puede ejercer su derecho de asociación desde un sindicato, desde un partido político o de otras organizaciones y no tenemos ninguna prueba de que de manera influencial esta organización haya llevado a grupos y colectivos”.
La comisión también declaró improcedentes las quejas en contra de Fuerza Social por México y Encuentro Solidario (antes Partido Encuentro Social) por realizar afiliaciones en entes prohibidos como iglesias o centros de culto, pues consideraron que pudo haber sido un error de la aplicación.
“En geolocalización de lugares prohibidos como lugares de culto, no se reforzó con ninguna prueba, lo que tenemos es que a veces en plazas públicas donde al lado hay una iglesia pues ahí se registra, así que ese indicio de ello, solo coincidencias de las que no hemos encontrado infracción”, explicó Murayama.
Lo que los integrantes de la comisión sí consideraron procedente fueron las inconsistencias detectadas en nueve mil 402 afiliaciones tras la queja de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE en contra de Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario por haber presentado en el rubro de fotografías que documentaran la afiliación imágenes de manos, fotos de pantalla, el suelo, zapatos, etcétera. Por lo que serán descartadas de sus registros.
“Queda evidenciada un uso indebido de la aplicación pues se usó para estar captando elementos que no eran debidos y es en donde se propone sancionar a las organizaciones que están involucradas”, indicó la consejera Favela.
Aún están pendientes de resolver las quejas en materia de fiscalización antes de que este viernes el Consejo Generación defina a cuáles organizaciones entregará el registro de nuevos partidos políticos para que puedan contender en el proceso electoral 2020-2021.
jlmr