Con la aclaración de que no se trata de una decisión arbitraria del Instituto Nacional Electoral (INE), sino de una obligación constitucional que “no admite debate o negociación alguna”, el Consejo General aprobó cinco mil 821.8 millones de pesos para repartir el próximo año entre los partidos políticos que mantengan el registro nacional.
La consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, leyó un posicionamiento dirigido a la ciudadanía, para dejar claro que el monto asignado para el financiamiento a los partidos políticos no es decisión del INE y se trata de una obligación que no puede evadir.
Ante las críticas que mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el costo y financiamiento que maneja el INE, sin mencionar su nombre, la consejera consideró indispensable aclarar a la ciudadanía cómo se destinan las prerrogativas a los partidos “ante los posicionamientos para confundir a la ciudadanía y desprestigiar a este órgano autónomo sobre lo que hace a su desempeño y presupuesto”.
Reiteró que los montos son una fórmula constitucional basada en el padrón electoral y el precio de la UMA, lo que para este año arrojó cinco mil 821 millones 851 mil 704 pesos, para dividirse entre los partidos políticos que mantengan su registro nacional. Esto, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva si Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario desaparecerán por no lograr el tres por ciento de la votación en las elecciones del pasado 6 de junio.
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“Esta última cifra se deriva de una disposición constitucional, más no de una decisión del INE. Es importante evitar manipulaciones e información falsa, cualquier crítica, debate o cambio que quiera darse respecto a los costos de las elecciones y en este caso, el financiamiento de los partidos políticos corresponde a los representantes en la Cámara de Diputados y no al INE, que sólo cumple sus responsabilidades”, dijo.
El consejero presidente Lorenzo Córdova agregó que el financiamiento a los partidos políticos está sujeto a una fórmula establecida en la Constitución, y que “únicamente a aplicar dicha fórmula que no está sometida a interpretación ni a posibles variaciones por parte de esta autoridad electoral”.
LP