Las irregularidades cometidas por los partidos políticos durante las pasadas campañas electorales de alcaldes y diputados locales en Tamaulipas fueron sancionadas con casi 8.5 millones de pesos, de acuerdo con información del INE.
En un documento de 1,620 páginas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral desglosa las infracciones aplicadas tras recibir de la Unidad Técnica de Fiscalización los dictámenes consolidados de la revisión de informes de ingresos y gastos de campaña.
El partido con más anomalías fue Movimiento Ciudadano, por lo que su sanción es de 2.5 millones de pesos, seguido por Morena con $2.3 millones y en tercer lugar el Partido Verde Ecologista de México, con 1.9 millones de pesos.
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Posteriormente se observó al PRI con multas por un monto de 742 mil 855.70 pesos; Acción Nacional con $626 mil 723.12; el PRD con $217 mil 791.42 y el Partido del Trabajo con 132 mil 728.56 pesos, lo que hizo una cifra total de 8 millones 499 mil 611.42 pesos.
El gasto no comprobado fue sancionado con el 100% del monto involucrado; la omisión de presentar alguno de los informes de campaña de los periodos a fiscalizar, con el 15% del tope de gastos.
El egreso no reportado, con el 100% de su monto; los eventos cancelados con presencia de autoridad, con cinco unidades de medida y actualización (UMA), entre otras irregularidades cuyo monto original de sanción tuvo una disminución de aproximadamente el 30% por decisión de los consejeros del INE.
Otras inconsistencias en las que incurrieron fueron no presentar agendas de campaña o hacerlo de forma posterior a su celebración; no avisar a tiempo de celebración de contratos; no documentar aportaciones en especie de simpatizantes; no reportar casas de campaña.
Fue casi generalizada la omisión de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real y muy recurrente el “olvidar” reportar gastos en vehículos, fotógrafos, sillas, mesas, camisas, calcomanías, volantes, cantantes y grupos musicales, equipo de sonido, templete, escenarios, lonas, carpas, mamparas, perifoneo, planta de luz, edición y producción de video y publicidad.
Con frecuencia se detectaron eventos proselitistas en lugares distintos a los reportados y se omitieron gastos de propaganda e inventarios de activo fijo; también hubo casos donde no se reportó la pinta de bardas, contratación de pantallas digitales y difusión en internet, entre otras faltas.
En la resolución del INE se plantea que los partidos sujetos a fiscalización, cuentan con la capacidad económica suficiente para cumplir las sanciones impuestas, en virtud de los recursos que les fueron asignados por el Instituto Electoral de Tamaulipas para sus actividades ordinarias.
“Se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias, pues aún cuando se tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica y estará en posibilidad de solventarlas”.
El cobro de las sanciones por concepto de multas se deberá efectuar una vez que la resolución se encuentre firme, y deberá realizarse en una sola exhibición, con cargo a la siguiente ministración mensual a que tiene derecho el partido político.
“Por cuanto hace al cúmulo de sanciones por reducción de ministración, el monto mensual que se puede retener en el proceso de ejecución de sanciones económicas que se hayan impuesto al partido, no podrá rebasar el equivalente al 25% de lo que este reciba por concepto de prerrogativa mensual”. El cobro se extenderá por el número de meses que sean necesarios para cubrir el monto total.
El PRD, al no haber obtenido el 3% de la votación para conservar su registro, entró en periodo de prevención, por lo que de conformidad con el artículo 13 de las Reglas Generales de las Liquidaciones, las multas pendientes de pago no deberán descontarse de las ministraciones que le correspondan al partido en liquidación, sino que deberán considerarse en la lista de créditos reconocidos directamente con el interventor.
Entre sus sanciones destaca una de 51 mil 136.47 pesos por no haber destinado el 50% del financiamiento público para actividades de campaña que recibió, a las mujeres que postuló como candidatas.
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SJHN