Los mexicanos aumentaron el uso de las plataformas de transparencia que permiten a los gobiernos estatales y federal rendir cuentas. Durante el año 2022, el número de solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales atendidas por las dependencias gubernamentales experimentó un aumento del 45.6 por ciento en comparación con los índices de 2020.
De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el último año registrado se recibieron un total de un millón 127 mil peticiones de información, de las cuales 997 mil fueron gestionadas por los sujetos obligados de los distintos niveles de gobierno.
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Este volumen de peticiones representa un aumento significativo en comparación con 2020, el año más crítico de la pandemia, cuando las autoridades gubernamentales procesaron algo más de 500 mil solicitudes de transparencia.
La mayoría de los expedientes tratados correspondieron al ámbito local, con 738 mil casos, mientras que las dependencias y entidades del gobierno federal se encargaron de 259 mil expedientes.
En lo que respecta específicamente a las solicitudes de información pública respondidas por las dependencias gubernamentales, destaca que en 766 mil ocasiones se proporcionó la información solicitada por los ciudadanos, lo que constituye el 76.9 por ciento del total de solicitudes atendidas.
Por otro lado, en 95 mil casos, los sujetos obligados indicaron no tener competencia para tratar el asunto, y en 32 mil 727 instancias se declaró la inexistencia de la información solicitada.
A pesar de la percepción continuada de que los niveles de opacidad en el gobierno federal y estatal han aumentado, el Inegi informa que sólo en el 0.9 por ciento de los casos se clasificó la información como confidencial o reservada, al considerarse de interés nacional.
En relación con las solicitudes de protección de datos personales, las dependencias estatales y federales recibieron 130 mil peticiones para proteger la información de los ciudadanos.
Además, el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal mostró que los órganos garantes manejaron un presupuesto de 2 mil 300 millones de pesos.
LP