Tras apoyar de manera expresa al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), más de 90 influencers podrían enfrentar amonestaciones, multas económicas y, en un caso extremo, tiempo en prisión, por violar la veda electoral, según dio a conocer Carlos Ferrer Silva, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
En entrevista con MILENIO Televisión, el funcionario señaló que, por su parte, el partido podría pagar multas millonarias, el retiro de administraciones o, en última instancia, hasta su registro. Sin embargo, aclaró que la sanción definitiva la decidirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Será el Tribunal el que, de encontrar algún elemento antijurídico, pueda sancionar a quien esté involucrado, que pueden ir desde amonestación, multas económicas retiro de administraciones.
“La pérdida de registro está prevista en la ley para cualquier partido que sistemáticamente la viole, es la ultima consecuencia que establece nuestra normativa, que implicaría la muerte de un partido político y es a lo último que quisiera llegar”, apuntó.
Ferrer Silva recordó que la ley electoral prohíbe que durante la jornada electoral, y tres días antes de ésta, se realicen actos proselitistas, de apoyo, a favor o en contra de candidaturas o partidos políticos.
El 6 de junio, en pleno desarrollo de la elección, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a Instagram y Facebook retirar los mensajes de 30 influencers que fueron denunciados por el PAN y el PRD, al ser personas no fiscalizadas por el INE, la instrucción se dio directamente a las redes sociales.
Hasta el momento, se tienen identificadas 95 personas con proyección pública, artistas, o también llamados influencers, que un día antes de la jornada electoral se manifestaron a favor de un partido político, en una estrategia aparentemente planeada, sistemática y preliminar.
El directivo señaló que la libertad de expresión para la ciudadanía está garantizada, por lo que las personas pueden emitir comentarios o expresar algún punto de vista durante este periodo, sin embargo, “aquí se trata de algo diferente”.
“Sin juzgar el caso, no se trata de manifestaciones libres y espontáneas de alguna persona en una red social, sino de una campaña planeada, orquestada, con la finalidad, aparentemente, de favorecer a un partido político el día de la jornada electoral”, resaltó.
Comentó que de acuerdo con las investigaciones, hubo un pago o contratación de por medio para que las personas involucradas apoyaran a cierto partido, por que el que manifestaron cuestiones positivas durante el periodo de la veda electoral.
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Además, comentó que no se trata del primer caso de esta magnitud, pues en 2015 se detectó una conducta similar y, en esa ocasión, el Partido Verde, incurriendo en las mismas prácticas, recibió una multa por 7 millones pesos, mientras que las personas físicas recibieron una de cerca de 50 mil pesos.
Sin embargo, con el cambio en las leyes y al ya catalogarse como graves los delitos electorales, las sanciones podrían ser mayores, lo que corresponderá a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que explicó Ferrer, será “la que deberá determinar si se acredita algún ilícito”.
Actualmente, las sanciones podrían ir más allá, dado que la cárcel “es otra de las vías de nuestro orden jurídico”, aunque sería la última medida, la cual corresponderá a la Fiscalía correspondiente o al tribunal.
“Éste es un tema muy importante porque al INE únicamente le corresponde la investigación del asunto, integrar la carpeta, el expediente, llamar a comparecer las personas que presuntamente estén involucradas, pero la sanción le corresponde al TEPJF”, recalcó.
Hasta el momento, no se pude estimar cuándo terminarán las indagatorias o se tendrá un veredicto, ya que la investigación se puede prolongar debido a la cantidad de personas involucradas, lo que causa más variantes a considerar por parte de las autoridades.
Por ello, el INE continuará con las investigaciones de profundidad, realizando un trabajo exhaustivo para llegar a la verdad jurídica y proporcionarle al tribunal todos los elementos para que éste tome una decisión. Asimismo, deberá realizar las diligencias necesarias, localizar a las personas y llamarlas al procedimiento para poder defenderse, así como al partido.
“Este tipo de operaciones ocultan que son pagadas en dinero efectivo, intentan de que no quede rastro o huella, y las autoridades hacen las investigaciones correspondientes. (…) Se actúa con diligencia, con la rapidez que la investigación permite y lo más pronto posible para que el tribunal lo pueda resolver a la brevedad posible”, detalló.
LP