Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) intentó fiscalizar la Cuenta Pública 2017 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), éste, encabezado por David Penchyna, se amparó para que no le revisaran sus recursos.
El argumento fue que el dinero proviene, en su mayoría, de las cuotas de trabajadores y patrones.
Sin embargo, ese año fue cuando el Infonavit pagó de manera indebida 5 mil millones de pesos por cancelarle un contrato a la empresa Telra Realty.
De esos 5 mil millones, la Fiscalía General de la República (FGR) logró recuperar 2 mil millones, que fueron los que el lunes entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador para financiar la rifa del avión presidencial.
Cuatro contratos entre el Infonavit y la empresa de André y Max El-Mann Arazi y Rafael y Teófilo Zaga Tawil fueron firmados entre 2014 y 2015, cuando el director del Infonavit era Alejandro Murat y tenían como objetivo el manejo del programa de movilidad hipotecaria denominado Cambiavit.
El 8 de junio de 2017, ya con Penchyna al frente del instituto, se tomó la decisión unilateral de cancelarlos y para evitar futuras demandas por parte del proveedor inconforme, se negoció una “indemnización” de 4 mil 800 millones de pesos, de lo contrario, el reclamo podría haber generado una exigencia de pago por hasta 15 mil 600 millones de pesos.
Dicha “indemnización” no estaba considerada en las cláusulas originales.
Al respecto, Alejandro Murat, ahora gobernador de Oaxaca, se desmarcó del pago y confirmó que la sanción por la cancelación no estaba prevista.
“Yo ya no era director, también quiero dejar de manera muy clara que los contratos no tenían ningún tipo de sanción. El resto ya tendrá cada quien una respuesta. No hay nada que aclarar, ya lo hice en su momento. El que hizo el pago y realizó las autorizaciones fue otra administración ajena a la mía”, dijo.
De acuerdo con el vocero del gobierno de Oaxaca, Alfonso Martínez, quien también fue portavoz del Infonavit cuando Murat lo encabezó, el gobierno estatal no tiene injerencia en el tema, ya que dichos contratos fueron celebrados en 2016, posterior a la salida en noviembre de 2015 de Murat de la dirección del organismo para contender por la gubernatura local.
El negocio se adjudicó cuando no había un director institucional en el Infonavit, ya que Murat había dejado el organismo para hacer campaña por la gubernatura.
Según el plan, la movilidad atendía la necesidad de los derechohabientes del Infonavit de cambiar de vivienda, aun sin haber terminado de pagar su hipoteca, ante la modificación de sus necesidades habitacionales.
Tras una demanda de la FGR, la empresa ofreció un acuerdo reparatorio para evitar afectaciones a otros socios, entre los que están los inversionistas de Fibra Uno, fideicomiso que posee más de 560 propiedades, que representan 8.7 millones de metros cuadrados.
Sin rendir cuentas
Cuando la ASF quiso indagar sobre el manejo de los recursos del Infonavit, se topó con pared.
El 12 de septiembre de 2018, como parte de su plan de fiscalización anual, la ASF solicitó al Infonavit documentación para comenzar la auditoría 1717-DS, de la Cuenta Pública 2017, pero desde entonces el instituto se negó.
Tras insistir por meses, el 10 de diciembre de 2018 el Infonavit promovió un juicio de amparo indirecto; el 12 de diciembre, el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa concedió la suspensión provisional y el 20 de diciembre, la definitiva.
Con información de: Pedro Domínguez y Óscar Rodríguez.
ledz