En lo que va del actual sexenio, 74 servidores públicos, incluidos ex funcionarios, han sido inhabilitados en Tamaulipas, en su mayoría por no cumplir la declaración de bienes que exige la Ley de Responsabilidades Administrativas.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 45 de estas personas, el 61% del total, no presentaron su declaración patrimonial y de intereses de forma inicial u omitieron la modificación anual, por lo que se abrieron procedimientos administrativos.
Otros 29 también fueron inhabilitados por incumplir con las funciones y atribuciones de su puesto o encargo, precisó la titular de la dependencia estatal, Norma Angélica Pedraza Melo.
Señaló que todas estas inhabilitaciones se determinaron desde el inicio de la actual administración hasta este martes 5 de agosto de 2025, recordando que la Contraloría Gubernamental tenía a su cargo la verificación de la presentación de declaraciones patrimoniales y ahora es a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Pedraza Melo explicó que para llegar a imponer una sanción de inhabilitación se lleva a cabo un procedimiento de responsabilidad, establecido en el artículo 208 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.
“Una vez substanciado el expediente administrativo por la autoridad substanciadora, se remite ante la autoridad resolutora, quien analiza, determina y sanciona, en caso de existir elementos que acrediten la existencia de una infracción administrativa y la plena responsabilidad del infractor en la misma”.
Por lo que respecta a los servidores públicos que cumplieron con la presentación informativa de sus bienes y declaración de intereses, se tiene una positiva respuesta del 82.53%.
Considerando que se tiene un universo de más de 80 mil trabajadores en todos los niveles de la estructura gubernamental, hasta mayo del presente año se observó el cumpliento de más de 66 mil personas.
“Se ha logrado crear una cultura de transparencia y rendición de cuentas en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, la respuesta ha superado la meta del 80 por ciento”.
Cabe señalar que el pasado jueves 31 de julio, el gobernador Américo Villarreal Anaya difundió en el Periódico Oficial del Estado, el acuerdo mediante el cual se reforma la estructura orgánica de la Contraloría, que cambia su denominación para quedar como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
SJHN