La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León determinó inhabilitar por un año al responsable de uno de los cibercentros del municipio de San Pedro Garza García, tras comprobar que cometió una falta administrativa grave de abuso de funciones.
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Al emitir la resolución respectiva, la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se basó en el protocolo para juzgar con Perspectiva de Género publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en diversos tratados internacionales aplicables de los que México es parte.
La sanción impuesta está relacionada con una persona menor de edad del sexo femenino, sobre la que el funcionario público ejercía una posición de poder.
En 2019, el municipio que encabeza Miguel Treviño de Hoyos presentó la denuncia, aunque se desconoce si la menor tiene alguna relación con el servidor público o se trataba de una asistente al cibercentro municipal.
Hasta el momento se desconoce también el nombre del funcionario público y cuál era el número de empleado municipal dentro del gobierno independiente.
La Sala Especializada impuso la sanción contra el funcionario público municipal por los hechos cometidos, y de los que se desprendió la comisión de la falta grave.
Con ello el tribunal resolvió un procedimiento de responsabilidad iniciado en contra del servidor público por la comisión de esta falta administrativa grave de abuso de funciones, contenida en el Artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además, se comprobó la plena responsabilidad del servidor público municipal en su comisión, inhabilitándolo temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Se impuso como sanción la inhabilitación por 1 año, que es la sanción máxima prevista para faltas administrativas graves en las que no hay un daño o perjuicio a la hacienda pública, o un beneficio o lucro.