El fiscal especializado en delitos electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Sergio Zúñiga Hernández, dio a conocer que en lo que va del proceso electoral local se han realizado 60 denuncias por delitos electorales a la Fiscalía de las cuales se han iniciado 35 carpetas de investigación y 25 actas circunstanciadas.
Indicó que de las 35 carpetas de investigación ocho de ellas han sido por violencia política de género en contra de candidatas en los municipios de Tepeji del Río, Huejutla de Reyes, Tenango de Doria, San Bartolo Tutotepec y Tepeapulco, aunque evitó revelar sus nombres y los partidos al que pertenecen debido a la secrecía de la investigación.
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“Hemos iniciado ocho carpetas en contra de algunas personas que nos han señalado que están violentando el actuar de las candidatas, en algunos casos han sido ciudadanos y también han acusado a algunos candidatos que han llevado a cabo este tipo de acciones”, sostuvo.
Indicó que las candidatas a presidentas municipales han sufrido desde denostaciones personales hasta amenazas, “estas amenazas son por ejemplo que si continúan estando en el proceso va a tener problemas ella y su familia, ese tipo de cuestiones y denostaciones en redes sociales en donde hablan muy mal acerca de ellas, se meten en cuestiones personales, incluso familiares, eso también es violencia política”.
Descartó que alguna de las candidatas haya sido amenazada de muerte y subrayó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales les dictó a siete de ellas medidas de protección a través de la policía, “de las ocho solamente en una no se dictó porque era incierta la denuncia”.
Zúñiga Hernández señaló que la Fiscalía también ha recibido denuncias en contra de los integrantes de los Concejos Municipales Interinos por su presunta intervención en el proceso electoral por lo que se han iniciado seis carpetas de investigación, aunque no precisó los municipios debido a las indagatorias.
“Están denunciando a los concejales, a los miembros de los Concejos Municipales, a partir de que ellos asumen el encargo que les dio el Congreso del estado en automático se convirtieron en servidores públicos y los han acusado de participar en eventos proselitistas en horarios laborales en apoyo de un candidato, de un partido político y eso es un delito electoral, no lo pueden hacer”, aseveró.
Puntualizó que la Fiscalía está realizando las investigaciones correspondientes, “y si de ello se desprende que efectivamente ellos estuvieron apoyando a los candidatos en el horario en el que tenían que estar en sus actividades tendremos que llevar nosotros ese asunto a los tribunales”.
Mencionó que incluso han denunciado a los concejales por la utilización de recursos públicos en apoyo a partidos políticos o a candidatos, “eso también es un delito electoral, los denunciantes han mencionado que han visto a la presidencia prestando los vehículos de la dependencia, insumos a los candidatos e invitando al personal del Ayuntamiento a que acuda a los actos de campaña y eso un delito”.
El fiscal puntualizó que de las 60 denuncias realizadas por la ciudadanía las más recurrentes son las de destrucción de propaganda electoral, la solicitud de credenciales de elector así como la violencia política de género y la intervención de los integrantes de los Concejos Municipales en el proceso electoral.
“Tenemos denuncias de todo tipo desde aquellas que nos dan datos mucho muy relevantes y que pudiesen constituir algún delito electoral hasta aquellas denuncias anónimas que no nos arrojan nada sin embargo estamos obligados a investigarlas”, explicó.
Finalmente, añadió que las denuncias se presentaron en la Fiscalía desde el inicio del proceso electoral en diciembre del 2019, continuaron a raíz del reinicio del proceso electoral y se incrementaron aún más a partir del 5 de septiembre que iniciaron las campañas electorales.