La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Johana Montcerrat Hernández Pérez, dio a conocer que se inició una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) así como una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román por violaciones a los derechos humanos.
“Las diputadas priistas fuimos violentadas y victimizadas por la gobernadora de Campeche durante su programa semana de calumnias, la gobernadora ejerció violencia política de género en nuestra contra al asegurar públicamente que supuestamente posee fotografías de índole sexual de diputadas federales del PRI”, sostuvo.
La legisladora indicó que los dichos públicos de la gobernadora incitan a la violencia en contra de las mujeres en la política y aseguró que sus conductas deben ser sancionadas.
Agregó que las aseveraciones de Sansores San Román obstaculizan el libre derecho de las diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional al ejercicio de cargo basándose en estereotipos machistas y provocando reacciones violentas en su contra.
Recordó que la intimidad de las mujeres está protegida por las leyes y apuntó que las ampara la Ley Olimpia que castiga a todas las personas que posean o distribuyan material audiovisual íntimo sin consentimiento así como contra el acoso y la amenaza por la posesión de dicho material.
“También nos amparan las leyes federales en materia de violencia en contra de las mujeres y en materia de delitos de procedimientos electorales, la violencia política en razón de género no puede ser tolerada y mucho menos viniendo de una servidora pública”, enfatizó.
Aseguró que los derechos de las mujeres son derechos humanos, “es por eso que interpusimos esta queja ante la Comisión estatal y la nacional de derechos humanos por la obstaculización, la omisión y la falta de garantía de los mismos”.
Hernández Pérez subrayó que la omisión u obstaculización del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres por parte de la Fiscalía General de la República constituye un acto de violencia institucional por lo que le exigió que investigue al gobierno de estado de Campeche por violencia política de género, se separe a las y los responsables de su cargo, se apliquen las sanciones correspondientes incluidas en sus agravantes y se implementen las acciones necesarias de separación y de reparación del daño hacia las víctimas.
Mencionó que incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) debe asegurar que las y los responsables se les incorpore al Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política de género para evitar que puedan ocupar un cargo público en los próximos seis años.
“El PRI es un aliado de las mujeres, el partido es una plataforma en la que nuestras voces se escuchan con fuerza y tenemos todo el respaldo de nuestra dirigencia estatal y nacional para enfrentar este acoso hasta donde tope”, concluyó.