Los casos de linchamientos se ha incrementado en las últimas décadas y es un tema pendiente de revisar en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y sólo se han hecho llamados a las entidades para prevenir y evitar que los ciudadanos tomen justicia por su propia mano.
De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, en los últimos 26 años se registraron al menos 366 linchamientos en distintos estados de la República, sobre todo en la zona centro-sur de México, donde se presentan un promedio de 14 por año.
De enero a septiembre 2023, la organización Causa en Común, informó que en ese lapso se registraron 159 linchamientos o intentos de ello, entonces los números indican que, de 2016 a septiembre de 2023, se habrían cometido 1,778 linchamientos o intentos.
Es la investigación del IBD, titulada “Linchamientos en México”, se destaca que ha habido varios años en que las agresiones y el asesinato de presuntos delincuentes, a manos de turbas o multitudes, se han de disparado. Así aconteció en 1997, con 27 casos, y en 2013, con 40.
En cuanto a las entidades con más agresiones de ese tipo, las principales son estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, y por lo que se refiere a los motivos para que grupos de personas decidan tomar justicia por mano propia, 63 por ciento es por supuesto robo, 20 por ciento por atropellar a alguien de la comunidad, 9 por ciento contra presuntos secuestradores y 8 por ciento a supuestos violadores.
Destaca que los linchamientos están expresamente prohibidos en la Constitución, pero de todas formas se repiten en el país, lo que “pone en evidencia la crisis de la impartición de justicia, la vulneración de los derechos de los acusados y afectación al tejido social. Si bien es un fenómeno global, en México se han repetido diferentes casos debido al hartazgo de la población por la inseguridad y actividades de la delincuencia organizada”.
¿El linchamiento atenta contra los derechos humanos?
En junio de 2022, el diputado del PT, Raymundo Atanacio Luna presentó una iniciativa para reconocer los derechos humanos de los ciudadanos, las obligaciones del Estado mexicano para resguardarlos, así como los marcos legales internacionales, federales y locales, a los que se deberían de apegar los tres niveles de gobierno para atender los casos de linchamiento.
Lo anterior, luego de que el 10 de junio de 2022, se registró un linchamiento, cuando pobladores de la comunidad de Papatlazolco, en el municipio de Huauchinango, en Puebla, retuvieron a Daniel Picazo, abogado y funcionario de la Cámara de Diputados, al que golpearon y después quemaron vivo.
El legislador planteó que se pongan en marcha Protocolos de Actuación Policial, es decir, un conjunto de criterios, estrategias, mecanismos y procedimientos que se deben realizar en forma estandarizada por parte de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, en el ejercicio que el orden jurídico les asigna de manera expresa.
Señaló que los linchamientos en México se han convertido en uno de los fenómenos que han atraído la atención de las autoridades y medios de comunicación por su naturaleza violenta y su enfoque político en los últimos años.
¿Hacer justicia 'por mano propia' es un delito?
En 2019, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota presentó una iniciativa para tipificar los linchamientos en el Código Penal Federal.
Señaló que frente a esta situación, el hastío de la ciudadanía, la normalización de la violencia, así como la corrupción y desconfianza en las instituciones supuestamente garantes de la seguridad y la procuración de justicia, parecen integrar la fórmula que ha desencadenado una serie de hechos violentos, durante las últimas décadas, en que los ciudadanos han intentado "hacer justicia por su propia mano" cobijados por la impunidad que la colectividad reviste: los linchamientos.
Esto ha costado centenares de vidas alrededor del país considerados como “mecanismos de defensa de ciudadanos que ven mermada a la autoridad y la acción de la justicia frente a grupos delictivos que rebasan los límites de tolerancia social”, los linchamientos en los últimos años han aumentado.
Recordó que en el territorio mexiquense, el 15 de marzo de 2019, en San Pedro Tlaltizapán, Tianguistenco, una persona acusada de supuesto secuestrador de menores fue golpeada y quemada en la plaza principal del poblado en donde “al menos 800 personas se dieron cita para hacer “justicia por su propia mano”.
Por lo que propuso que el “Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de México a ejecutar acciones coordinadas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para prevenir, sancionar y erradicar los linchamientos en la entidad”.
Además, solicitó a las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicias de las entidades federativas a remitir a esta Soberanía la información sobre las acciones concretas que están realizando para prevenir, disuadir y contener los casos de linchamiento.
Primer Respondiente
El pasado 20 de marzo, las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron, con modificaciones, una minuta de la Cámara de Diputados que reforma el artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de protocolos de Primer Respondiente.
El documento adiciona una fracción XV a dicho artículo, a fin de establecer que la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán generar protocolos de Actuación de Primer Respondiente y acciones de capacitación continua sobre su aplicación, para garantizar su observancia permanente en beneficio de la población.
El documento detalla que el término Primer Respondiente en el Sistema de Justicia Penal es la autoridad con funciones de seguridad pública que llega primero al lugar de los hechos delictivos o al sitio del hallazgo de pruebas, objetos o instrumentos relacionados con un delito.
El senador Reyes Flores Hurtado, de Morena, mencionó que las modificaciones hechas a la propuesta de la colegisladora tienen el propósito de garantizar la actualización permanente del Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente y, lo más importante, garantizar la capacitación continua sobre su aplicación.
Lo anterior, atendiendo a que el papel del Primer Respondiente es fundamental para garantizar que se lleve a cabo una investigación penal efectiva y justa, así como para proteger los derechos de las víctimas y garantizar la preservación de la evidencia.
Los senadores de las Comisiones dictaminadoras determinaron modificar el proyecto de la colegisladora, para establecer la coordinación en la generación y actualización de un Protocolo Nacional de Primer Respondiente, lo que permitirá orientar la actuación de los servidores públicos que participan en los mecanismos y procesos que se han implementado con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales.Al respecto, Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, mencionó que por la relevancia que tiene la figura de Primer Respondiente en el sistema penal acusatorio, es de vital importancia que la actuación de estos funcionarios esté regulada de manera uniforme.
KSH