Elevar a rango constitucional la prohibición, distribución y enajenación ilícita de cigarrillos electrónicos, vapeadores y de los nuevos dispositivos con tabaco, frenará la estrategia de la industria tabacalera de promover amparos y aprovecharse de los vacíos legales para violentar las disposiciones de la Ley General de Salud y, con ello, crear un mercado negro de productos dañinos, aseguró Juan Manuel Quijada, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).
México, presente en la COP 10 de la OMS, dejó en claro que la industria tabacalera suele agilizar a su equipo legal para tratar de desvirtuar y contrarrestar todas las disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco impulsadas a través de decretos presidencial, entre estas, se encuentran la prohibición de que circulen los vapeadores y los diversos productos emergentes, así como exhibir las cajetillas de cigarros en los puntos de venta y fumar en espacios públicos cerrados.
En entrevista con MILENIO, el funcionario federal recordó que justo cuando entró en vigor, el 15 de enero de 2023, el decreto Presidencial para prohibir la publicidad y la exhibición del tabaco a nivel nacional, las principales tiendas de conveniencia solo colocaron mantas sobre los estantes donde tenían las cajetillas y, luego al obtener el amparo, volvieron mostrar dichos productos en lugares visibles y estratégicos.
Y lo mismo sucedió con la cadena restaurantera. Se fabricaron todo un discurso de perdida de empleo y daño a la economía para promover amparos para mantener zonas para fumadores tanto en espacios abiertos y cerrados, por donde pasan menores y sin importar dañar la salud de los meseros.
Los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, recordó, Quijada, provocaron “una lluvia de amparos (más de 2 mil 500) en la que se detecta la clara injerencia de la industria tabacalera para interponer sus propios intereses económicos por encima de los derechos de protección de la salud de los mexicanos.
Con la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador de elevar la prohibición a rango constitucional, será más complicado que un juez, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conceda a individuales derechos por encima del bien superior de la nación, sobre todo, de los menores de edad que están siendo bombardeados con estos productos emergentes diseñados de forma muy atractiva y con tonos coloridos y para generar esa percepción de que no causan daño, de riesgo reducido.
Si ambas cámaras elevan dicha iniciativa a rango constitucional, comentó en entrevista con MILENIO, se estará dado un golpe importante a una industria que sigue promoviendo sus productos dañinos, causando enfermedades y muertes.
Los detalles de cómo se procederá legalmente se conocerán después, incluso las sanciones a los fabricantes y distribuidores ilegales. Se espera que no ingresen al país, que no lleguen a los mexicanos, y que en caso de que los usuarios pidan ayuda reciban de inmediato atención para abandonar esa adicción. Ellos son la clave de las políticas sanitarias promovidas en la red de centros comunitarios de salud mental y adicciones.
Con la iniciativa se pretende eliminar esta percepción de bajo riesgo, dijo, que impulsan las tabacaleras con sus productos de tabaco calentados o con estos dispositivos supuestamente diseñados para dejar de fumar. La realidad es otra y está sostenida en intereses económicos.
En México, se consumieron durante 2022 más de 25.7 mil millones de cigarrillos y se generó una carga económica de 140.2 mil millones de pesos relacionados con gastos de atención médica y pérdida de productividad causadas por enfermedades y muertes prematuras, de acuerdo con Euromonitor International, líder mundial en investigación estratégica de mercados de consumo.
En el país se estima que fallecen 57 mil 518 personas cada año por desarrollar enfermedades como cáncer, afecciones cardiacas y complicaciones diversas relacionadas directamente con el tabaquismo, lo que representa el 7.8 por ciento del total de decesos, alrededor de 841 mil 318 en el año 2022, cuando la pandemia dejó de ser la causa principal de mortalidad.
Un total de 14.9 millones de mexicanos, de 12 a 65 años, son fumadores. Se trata del 17.9 por ciento de los adultos y del 19.8 por ciento de los jóvenes menores de edad. “Hay estudios científicos que evidencian los efectos tóxicos y el impacto negativo que tienen estos dispositivos en la salud de los jóvenes, por eso se está buscando que no lleguen a las manos de los menores, ni tampoco de los adultos, mediante esta iniciativa de reforma constitucional”, explicó el titular de la Conasama.
Quijada no descartó que la industria tabacalera intente, como lo ha hecho en el pasado, seducir al poder legislativo con regalos, viajes y todo tipo de prebendas promovidas por los llamados cabilderos.
Sin embargo, consideró que lo que está en juego es el futuro de una generación que puede desarrollar tempranamente cáncer, enfermedades cardiovasculares, altamente discapacitantes y mortales.
México durante la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco (COP10), bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, reiteró su compromiso de elevar el tono de las políticas preventivas para reducir los daños, entre estas, evitar que las páginas de Facebook, Instagram, entre otros espacios de transmisión de video, se sigan difundiendo imágenes de vapeadores, de fumadores.
También considero esencial que los recursos aprovecharse a través de los impuestos se destinen a atender las enfermedades causadas por el tabaquismo y a incrementar las campañas de prevención en escuelas, en el trabajo, en todo el país.
Que paguen los daños causados
En la COP10 contra el tabaco se presentó una iniciativa, firmada por más de 30 mil personas, en la que se exige que los Estados avancen en mecanismos para obligar a la industria tabacalera para compensar los recursos destinados a a la atención por consumo de dichos productos.
“Creemos que ha llegado el momento de exigir responsabilidades a esta industria en todo el mundo”, dice la carta, haciendo alusión a los impactos en salud y económicos que tienen los países.
La carga económica anual del tabaquismo superan los 33 mil 576 millones de dólares en costos directos para el sistema de salud. Esto equivale a 0.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) de la región y a 8.3 por ciento del presupuesto sanitario. La enfermedad cardiovascular, y el cáncer fueron responsables de esos gasto.
Las decisiones adoptadas durante la COP no serán vinculantes, pero tendrán un impacto significativo como orientación para las políticas nacionales.
LG