El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) aclaró que Jesús Patricio Varela Martínez y Onésimo Buitimea Valenzuela son secretarios de los órganos de gobierno de las comunidades de Tórim y Vícam Pueblo y no operadores políticos de este organismo.
“Ellos desempeñan los cargos de secretarios de los respectivos órganos de gobierno de las comunidades de Tórim y Vícam Pueblo. Ambos responden a la voluntad de sus pueblos y, de manera especial, de sus gobernadores, capitanes, comandantes y pueblos mayores; así consta en las actas de sesión que se han sostenido en el marco del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui que quedan a su disposición”, explicó.
En una carta enviada en respuesta a la columna publicada este jueves por el periodista Ricardo Raphael, INPI aseveró que actúa “con total transparencia y responsabilidad” a través de sus representantes, quienes acuden a territorio yaqui debidamente acreditados y con una actitud de total respeto a sus decisiones colectivas.
“Es falso que el INPI esté detrás de las arbitrariedades que alude en su columna. El Instituto no ha realizado ninguna actividad, reunión o presencia territorial en el Pueblo Yaqui desde el 14 de diciembre de 2021. Al respecto, es de conocimiento público que, conforme a las leyes internas del Pueblo Yaqui, del 12 de diciembre al 6 de enero, se lleva a cabo su proceso de renovación de autoridades, razón por la cual se ha hecho una pausa en las reuniones de implementación del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.
“En cuanto así lo indiquen los ocho gobernadores tradicionales se dará inicio a todas las actividades relativas al Plan de Justicia, para el presente ejercicio fiscal”, abundó.
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El Instituto también aseveró “carece de sustento” la afirmación de que el Decreto suscrito por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sepulte el decreto emitido por el general Lázaro Cárdenas.
“No es así. Por el contrario, la creación del Distrito de Riego 018, materializa el decreto del general Cárdenas y atiende un reclamo histórico del Pueblo Yaqui, ya que reconoce plenamente que tiene derecho a disponer, utilizar o usufructuar hasta el 50 por ciento del agua del río Yaqui, y sobre esta base prevé ampliar de 22 mil a 62 mil hectáreas la superficie cultivable.
“Asimismo, incrementa de 250 millones a 673 millones de metros cúbicos de agua para irrigar dichas tierras; además, se establece el compromiso de restituirles su derecho al agua de manera progresiva como dicta en su artículo tercero”, puntualizó.
EHR