Institutos Electorales de diversas entidades se sumaron a la batalla legal del INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la primera parte del denominado 'Plan B' de la reforma electoral.
Hasta el momento, una decena de autoridades electorales estatales promovieron controversias constitucionales en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De acuerdo con registros públicos de la SCJN, se trata de los Institutos Electorales de Chihuahua, Durango, Baja California, Hidalgo, Campeche, Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, y Chiapas.
De acuerdo con la última notificación pública en los registros del máximo tribunal del país, el ministro Alberto Pérez Dayán, encargado de este asunto, todavía no determina si estas impugnaciones cumplieron con los requisitos de legalidad y son admitas a trámite, o bien, son desechadas.
Estos recursos se suman a la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual ya fue admitida a trámite por el ministro Pérez Dayán.
En su demanda, el INE argumentó que el llamado Plan B electoral constituía “una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”.
LG