Institutos de transparencia de todo el país hicieron un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que velen por la garantía efectiva de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales y no se provoque un retroceso en la materia.
Tras darse a conocer el proyecto de resolución de la controversia constitucional interpuesta por el INAI contra la omisión del Senado de la República de nombrar tres comisionados faltantes, el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), que agrupa a todos los institutos de transparencia del país, hicieron un exhorto a los integrantes del Máximo Tribunal para que, en su sesión de la próxima semana, resuelvan en favor del derecho a saber.
“Hacemos un llamado respetuoso a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a tomar la mejor decisión para que fortalezca al organismo garante nacional y fortalezca al país, en el sentido de contar con los elementos para hacer efectivos estos dos derechos humanos reconocidos en la Constitución”, expresó el coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, Abraham Montes Magaña, quien además es comisionado del instituto de transparencia de Michoacán.
Así lo manifestó en la inauguración del Cuarto Foro de Resoluciones Relevantes, de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, en Zacatecas.
Salvador Romero, comisionado presidente del instituto de transparencia de Jalisco, afirmó que, en materia de derechos humanos, no se pueden dar pasos atrás y, por el contrario, se debe hacer valer el principio de progresividad e interpretar la ley de forma que se amplíen los derechos, en este caso, el de acceso a la información y el de protección de datos personales.
“Por eso, es tan grave que actualmente el Pleno del INAI no esté funcionando como debería, porque está dejando desprotegidos y desprotegidas a muchísimas mexicanas y mexicanos que necesitan de estos derechos para poder defenderse”, expresó.
Al llamado de los institutos locales se sumó Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, quien afirmó que el instituto nacional es respetuoso del proyecto de sentencia hecho público, por lo que esperará la resolución final, que se prevé sea votada la próxima semana.
“Son 11 ministros, tenemos la fe y la confianza de que, cuando menos ocho, no marquen un criterio que sería espantoso en este país, porque implicaría regresar al año 1977”, cuando por primera vez en la Constitución se estableció en el artículo sexto que el derecho a la información sería garantizado por el Estado, dijo Del Río.
“¿Qué es lo que está en riesgo? No es el Instituto, no es el cargo de Julieta, de Alcalá, de Josefina; no, no son los encargos que tenemos. Están en riesgo dos derechos fundamentales”, destacó la comisionada.
Expuso que a la fecha, desde el primero de abril, cuando el INAI se quedó sin quórum se han acumulado más de 6 mil 900 asuntos pendientes de resolución, de los cuales más de mil 100 son denuncias interpuestas por la ciudadanía ante la vulneración de sus datos personales en posesión de particulares.
“Se están vulnerando datos, se está negando información. Hay un Pleno detenido por no poder sesionar, pero los ejercicios de los organismos garantes y del Sistema Nacional de Transparencia no se detienen”, aseveró Del Río.
Recordó que la carga de información de oficio correspondiente al segundo trimestre del 2023 en la Plataforma Nacional de Transparencia comenzó el 1 de julio y termina el 30 de julio.
Esa información que por ley debe publicarse, y que no depende de resoluciones a recursos de revisión, “permitirá conocer qué hicieron lo más de 8 mil 220 sujetos obligados del país, como a quién le compraron, a quién le adjudicaron, con quién hicieron convenios, a quién dieron de alta o de baja, porque el derecho a saber no se detiene”, planteó.
EHR