En tres años y ocho meses de la actual administración estatal, se han iniciado en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) 29 carpetas de investigación en contra de notarios públicos por 18 presuntos delitos diferentes.
De acuerdo con la Procuraduría se les investiga por presuntos delitos que tienen que ver con el cargo que desempeñan, pero también por situaciones de índole personal que no están relacionadas con sus funciones.
Los delitos por los que son investigados los notarios públicos son: fraude, alteración de documentos públicos, delitos cometidos en ejercicio de una actividad profesional o técnica, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude procesal, usurpación de funciones, desobediencia y resistencia de particulares y amenazas.
Así como tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y facultades relacionadas con particulares, usurpación de profesión, falsificación de documentos, incumplimiento de un deber legal, usurpación de identidad, despojo, daño en la propiedad y administración fraudulenta.
Ley del Notariado
La Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo establece que los notarios públicos son responsables por los delitos o faltas que cometan en el ejercicio de su función en los términos que previenen las Leyes penales del fuero común y federal.
Señala que siempre que se inicie una carpeta de investigación en la que resulte indiciado un notario público como resultado del ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público solicitará el dictamen pericial profesional del Colegio de Notarios fijándole un término prudente, para que el Presidente del Colegio o el Notario Público que éste designe pueda imponerse de las actuaciones del caso.
De la responsabilidad civil en que incurran en el ejercicio de sus funciones conocerán los Tribunales; de la responsabilidad administrativa en que incurran por violación a los preceptos de la Ley, conocerá la Dirección; de la responsabilidad colegial conocerá la Comisión de Honor y Justicia; de la responsabilidad fiscal que en ejercicio de sus funciones conocerán las autoridades tributarias locales o federales, según el caso.
Cuando se promueva algún juicio por responsabilidad en contra de un notario público el juez admitirá como prueba pericial profesional si así se ofreciere el dictamen del Colegio de Notarios.
Investigan a exnotario
La Procuraduría investiga a una persona de iniciales O.E.S.H., exnotario público, por hechos que la ley sanciona como fraude procesal, en agravio de la administración pública. Este hecho lo hizo público la Procuraduría en julio de 2025.
Los hechos investigados señalan que mientras el imputado se desempeñaba como notario público, el 22 de octubre de 2021 habría simulado un acto jurídico al elaborar una escritura en la que se ratificó un convenio de reconocimiento de adeudo y dación en pago, supuestamente celebrado entre una persona moral y una persona física.
Dicha acción, de acuerdo con la Procuraduría, tuvo como propósito beneficiar indebidamente a un tercero, con la finalidad de lograr que fuera inscrito como propietario de un predio urbano sin construcciones, ubicado en el municipio de Tolcayuca.
El juez de Control del distrito de Tizayuca, Víctor Manuel Portela Ortiz, dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada al ex notario público, O.E.S.H., ante un riesgo de fuga y la posibilidad de que influya en los testigos.
En noviembre de 2024, el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (PEOH) informó sobre la cancelación de la patente notarial a O.E.S.H., quien ejercía en el Distrito Judicial de Tizayuca desde marzo de 2005.
El Código Penal para el Estado de Hidalgo establece que al que para perjudicar a alguien u obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico o un acto o escrito judiciales o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error ante la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia o resolución, contraria a la ley, se le impondrá prisión de uno a siete años y multa de 30 a 300 días.
Cuando un abogado sea autor o partícipe en la comisión de este tipo penal, puntualiza el Código Penal, además, se le impondrá suspensión de hasta tres años para ejercer la profesión.