La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) investiga a Patricia Talavera, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a quien se le acusa de un presunto abuso de funciones por ostentarse como tal y, supuestamente sin tener facultades, haber admitido a trámite una demanda de indemnización que interpuso Roberto Moreno, exsecretario técnico del sistema, en la que reclama un pago de 4.5 millones de pesos.
La persona denunciante acusó que “la supuesta integrante del Comité de Participación Ciudadana se ostenta como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y admitió la demanda presentada por Roberto Moreno Herrera por responsabilidad patrimonial, sin tener las facultades para ello, por lo que estaría en el supuesto de abuso de funciones”.
La denuncia contra Talavera fue presentada, mediante el sistema electrónico de la SABG, el 24 de junio de 2026 y fue admitida el 1 de julio de 2026, con la asignación del folio 88857/2026. Para el viernes 3 de julio, la denuncia ya había pasado el primer filtro de análisis y avanzó a la fase de investigación.
En febrero de 2026, Talavera admitió a estudio la demanda de responsabilidad patrimonial promovida por Roberto Moreno, ex titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), en la que el exfuncionario reclama una supuesta “actividad administrativa irregular” de las autoridades de dicho sistema, que, señala, lo llevaron a renunciar a su cargo en febrero de 2025.
Aunque Talavera afirma que sí es presidenta del SNA y niega cualquier versión contraria, hay personas que consideran que su designación está en entredicho desde 2022, cuando fue nombrada integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, que ahora encabeza.
No es la primera vez que se acusa a Patricia Talavera, por la vía administrativa, de un presunto abuso de funciones, pues una denuncia similar fue presentada en su contra en 2022, pero la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió a favor de ella y la denuncia quedó archivada.
Por la vía penal, Talavera fue denunciada en enero de 2026 por un presunto abuso de funciones ante la Fiscalía Anticorrupción, caso que sigue abierto.
A la fecha, a seis meses de que le tocó asumir la presidencia del SNA, no se le ha visto ejercer ese cargo durante alguna sesión del Comité Coordinador, que es uno de los actos públicos más relevantes que hay dentro del sistema porque reúne a los titulares de seis instituciones: la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría Anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Órgano de Administración Judicial y el CPC.
Hasta ahora, esas instituciones no han sido convocadas a sesión, a pesar de que, para estas alturas del año, ya deberían haberse celebrado al menos dos.
Además, de acuerdo con la página de la SESNA, tampoco se ha convocado ni realizado ninguna sesión de la Junta de Gobierno, otro acto que reúne a los titulares de esas seis instituciones, pero en privado, y que también debe ser encabezado por la presidencia del SNA.
En enero, la presidenta saliente del sistema, Vania Pérez, dio a conocer que los titulares de esas instituciones, reunidos en Junta de Gobierno, se negaron a renovarle a Talavera Torres su contrato de honorarios para este año.
A los miembros del CPC no se les considera servidores públicos, para que no pierdan su calidad de “ciudadanos”, y se les contrata por honorarios, que les paga la SESNA.
La resolución adoptada desde enero por la Junta de Gobierno no ha sido publicada, pero coincide con una búsqueda en la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde aparece el contrato vigente de Talavera Torres.
El antecedente para la investigación
El 16 de diciembre de 2022, el entonces titular de la SESNA, Roberto Moreno, denunció por primera vez a Patricia Talavera por abuso de funciones, pues en ese momento, advirtió que el documento que respaldaba su nombramiento carecía de tres de las ocho firmas de los integrantes de la Comisión de Selección que la designaron como miembro del CPC, y consideró que se le estaba pagando indebidamente.
Moreno la acusó ante la SFP por “ejercer atribuciones del Comité de Participación Ciudadana sin contar una constancia de designación indubitable que la acredite como integrante de dicho órgano colegiado”.
Sin embargo, un año después, el 29 de diciembre de 2023, la SFP emitió un acuerdo de conclusión y archivo de expediente, del que MILENIO posee una versión pública, obtenida vía transparencia.
En él, la SFP resolvió que “si bien, (su constancia de designación) no cuenta con todas las firmas de los miembros de la Comisión de Selección 2021-2024 (…), ello no quiere decir que no haya sido designada como tal”, pues fue pública la sesión en la que se votó por su nombramiento.
Además, concluyó que “el ejercicio de sus atribuciones (…) se encuentran dentro del marco legal”, ya que su designación se hizo a través de sesión de la Comisión de Selección “y no mediante la emisión de la constancia de designación”.
Papeles revertidos y una investigación en proceso
Moreno Herrera renunció a la SESNA en febrero de 2025 y un año después, el 16 de febrero de 2026, promovió la demanda de indemnización por las afectaciones que le ocasionó la “actividad administrativa irregular” de las autoridades anticorrupción, las cuales supuestamente lo llevaron a dejar el cargo.
En la demanda, Moreno señaló a los titulares de la ASF, la SABG, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Órgano de Administración Judicial y el CPC, entonces presidido por Vania Pérez Morales.
La vida da muchas vueltas y ese reclamo de indemnización fue admitido para su análisis por Patricia Talavera, a quien Moreno denunció en 2022, ahora en su calidad de presidenta del CPC del SNA.
Al darle entrada a la demanda, Talavera aceptó analizar la posibilidad de pagar los salarios y prestaciones que Moreno dejó de percibir al dejar el cargo.