En sesión ordinaria, el pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI) aprobó este miércoles realizar una investigación al Instituto de Control Vehicular (ICV) para determinar si incumplió con la Ley General de Protección de Datos Personales, luego de que colocara tarjetas con la leyenda de adeudo, en vehículos cuyos propietarios no los tienen al corriente.
El comisionado presidente del organismo, Bernardo Sierra, comentó que realizarán la investigación para ver si se cuentan con los elementos para acreditar actos u omisiones con los que se incumpla la Ley General de Protección de Datos Personales.
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Sierra Gómez recordó que la semana pasada el ICV colocó calcas en vehículos para señalar que sus propietarios estaban retrasados en el pago de refrendo y, a otros que estaban cumpliendo, por lo que la Dirección de Datos Personales de COTAI requerirá diversa información al sujeto obligado.
“Para poder determinar si se cuentan con los elementos suficientes para acreditar actos u omisiones que presuntamente constituyan un probable incumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales.
“Ver, también, si se están cumpliendo con los principios en materia datos personales, entre ellos el de licitud, y se tendría que justificar o determinar si de acuerdo a la ley o al marco normativo que regula el funcionamiento del Instituto de Control Vehicular tienen funciones o atribuciones para realizar este tipo de prácticas”, declaró Sierra.
Otro de los aspectos a revisar, se dijo, será la finalidad que tiene la autoridad al recabar los datos personales, lo cual debe informar a los particulares a través de su aviso de privacidad.
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Sierra Gómez mencionó que esperan tener los resultados de la investigación en un mes, aproximadamente.
“El pleno estará analizando si se incumplió con las disposiciones que prevé la Ley General de Protección de Datos Personales y, en su caso, proceder en consecuencia al hacer recomendaciones o instruir al sujeto obligado para que adopte las medidas necesarias en caso de incumplimiento y en ese caso determinar las probables sanciones”, informó.
“Las sanciones van desde la amonestación pública o multas equivalentes de los 12 mil pesos a 126 mil pesos”.
La sesión fue la décima tercera y participaron, además, las comisionadas y comisionados vocales, María Teresa Treviño Fernández; María de los Ángeles Guzmán García, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero y Francisco Guajardo Martínez.
Durante la sesión, las comisionadas y comisionados atendieron 16 resoluciones y aprobaron sancionar al alcalde del municipio de Iturbide, por no responder a una solicitud de información de un particular.