En el último año del pasado gobierno panista, se incurrió en presuntas irregularidades en la gestión financiera del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, debido a que no se respetó la normatividad del recurso destinado a urbanización y agua potable y se causó un probable daño a la Hacienda Pública por más de 74 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó lo anterior e indicó que se detectó pago en exceso en el suministro y colocación del sistema de almacenamiento de agua potable en viviendas de la zona sur, entre otras anomalías observadas en la revisión de la cuenta pública 2022.
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A Tamaulipas le fueron asignados por ese fondo 160.6 millones de pesos en dicho ejercicio fiscal, dinero destinado al financiamiento de 9 mil 709 proyectos, concluyendo la ASF que “no fueron debidamente planeados, se ejecutaron cantidades adicionales y reducciones de los volúmenes contratados que afectaron las condiciones del catálogo original, sin realizar los convenios modificatorios correspondientes”.
Se agregó que los cierres administrativos de los proyectos se generaron antes de que los trabajos fueran ejecutados, concluidos, validados, autorizados y recibidos a satisfacción del gobierno. Además, las fianzas de vicios ocultos no se emitieron por el valor del 10% del importe pagado, se realizaron pagos en exceso, se identificaron proyectos en los cuales no se acreditó que cumplieran con el criterio de beneficio a la población objetivo del fondo.
“Se observaron proyectos que no fueron concluidos o no se encontraron en operación, no fueron ejecutados, presentaron operación deficiente o se realizaron en lugar distinto al contratado”, se expuso en el informe de resultados entregado a la Cámara de Diputados. La ASF concluyó que “no se realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, ya que no se apega a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos”.
Se determinó un monto de 74 millones 449 mil 023 pesos por aclarar, emitiéndose 12 resultados, de los cuales, en cinco no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. Los cinco restantes generaron dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.
Fue en el transcurso de la auditoría cuando se detectaron los incumplimientos, encontrándose que el gobierno anterior no evaluó la experiencia y capacidad técnica respecto a la ejecución de obras similares que debían acreditar los contratistas adjudicados; no se realizaron los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, ni los proyectos y planos que precisaran la ubicación que debió estar contenida en las bases de la licitación para que los contratistas prepararan sus propuestas.
“En cuanto al cumplimiento normativo aplicable a los recursos del fondo, el Gobierno del estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, y del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”, dice el dictamen.
SJHN