El gasto realizado por el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón para paliar los efectos de la pandemia por covid-19 en las familias nuevoleonesas se hizo en medio de la opacidad, según exhibió la Auditoría Superior del Estado (ASE) en su informe de la cuenta pública de 2020.
Un programa de apoyo alimentario, en el que Fomerrey y el Instituto de la Vivienda repartieron 50 mil tarjetas de 250 pesos cada una, se ejecutó sin aportar documentación que comprobara el uso y destino de los recursos otorgados, por lo que a juicio del ente fiscalizador “no se logró determinar que su uso se llevó a cabo conforme los principios de honradez, transparencia y equidad”.
El gobierno presentó un lay out con el padrón de los 50 mil beneficiarios, pero sin el nombre de cada uno de ellos.
Aunque dicho programa representó una erogación de 12 millones 500 mil pesos, no se presentaron indicadores para medir el apoyo, su cobertura, calidad e impacto. Tampoco lograron acreditar que su distribución y aplicación se realizaron con estricto apego a la ley.
Dadas las observaciones, la ASE determinó dar vista “a la autoridad investigadora”, según consta en el documento en poder de la plataforma MILENIO-Multimedios.
Las obras relacionadas con la reconversión de hospitales para atender pacientes covid también fueron objeto de señalamientos.
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Por ejemplo, en los trabajos realizados en el Hospital General de Sabinas Hidalgo, por un monto de 16 millones 860 mil pesos, se encontró que se eliminaron conceptos y cantidades de trabajo por un valor de 6.4 millones de pesos, pero en contraparte, además se adicionaron conceptos de trabajo no contemplados por 19.5 millones de pesos y cantidades de trabajo por 8.8 millones de pesos.
Del total ejecutado, que ascendió a poco más de 38.7 millones de pesos, únicamente el 27 por ciento fue objeto de proceso de contratación, y el resto se pactó de manera directa con el contratista.
Se señaló por igual que la obra debió concluirse el 3 de junio de 2020, sin embargo, esto ocurrió 3 días después, lo que a decir de la Auditoría representa 30 por ciento de variación del plazo de ejecución contratado de 10 días.
Lo mismo ocurrió con las obras de reconversión del Hospital de Tierra y Libertad para las áreas de imagenología, tococirugía, quirófanos y obra exterior.
Además de eliminarse y adicionarse conceptos y cantidades de trabajo sin justificante, se determinó que del total ejecutado, que asciende a 20 millones 613 mil pesos, solo el 54 por ciento se sometió a contratación, y lo demás se pactó de manera directa con el contratista.
Esto también se presentó en la reconversión de otras zonas del hospital como su planta baja y el piso 4 lado norte, donde los retrasos en la ejecución de las obras y las asignaciones directas fueron la constante.