El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, vetó la Ley de Amnistía para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. En otro hecho, ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) informó que de enero a junio de 2019, en Jalisco al menos 4 mil 926 niñas, adolescentes y mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar.
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A través de un documento firmado por el mandatario estatal y el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, el gobierno del estado hizo observaciones que advierten que la ley propuesta contiene conceptos imprecisos y ambiguos que podrían dejar en una situación de inseguridad jurídica a las personas condenadas.
El funcionario explicó que para el Poder Ejecutivo es importante contar con la oportunidad de resarcir las acciones u omisiones que derivaron de sentencias injustas hacia mujeres que fueron víctimas de violencia por razón de género de manera recurrente y que no fueron juzgadas con perspectiva de género:
“También es fundamental someter a consideración de esa soberanía las observaciones que más adelante se desarrollan, a efecto de que la amnistía se dé en un marco de seguridad jurídica para las mujeres que puedan acceder al beneficio”.
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En la ley que fue aprobada por unanimidad por los diputados locales se pretende que las mujeres que están presas por homicidio o lesiones a su pareja, debido a que padecieron de forma sistemática violencia física, sexual, patrimonial o psicológica, pudieran salir libres. El documento explica que para que estas mujeres tengan acceso a este beneficio tienen que cubrir el daño y no tener antecedentes penales por delitos dolosos, o tener procesos pendientes con la justicia estatal o federal.
Para el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, el veto de esta ley es totalmente inoportuno: “Su consecuencia es que estas mujeres van a durar más tiempo en la cárcel. Hay que recordar que este es un trabajo que hizo un equipo multidisciplinario, magistrados, consejeros, ciudadanos (…), en permanente comunicación al consejero jurídico del gobierno del estado”.
Agregó que “de manera muy extraña”, el comunicado del Ejecutivo no presenta una propuesta de modificación en concreto y que remitirán la evidencia respecto a la comunicación que mantuvieron en todas las etapas con el consejero jurídico, así como la apertura de un espacio de diálogo para que el Ejecutivo puntualice sus preocupaciones y se encuentre una solución una solución.
Informe CEDHJ
En contra parte, ayer la CEDHJ presentó el Informe Especial de observancia de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en los municipios del área metropolitana de Guadalajara, con mecanismos de alerta de violencia de género y alerta de violencia contra las mujeres (estos son, además de la capital tapatía, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan).
El documento destaca que, de enero a junio de 2019, al menos 4 mil 926 niñas, adolescentes y mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar. El informe analiza el contexto de violencia contra las mujeres por razón de género a partir de la estadística que refleja una alta incidencia de violencia familiar, sexual, feminicida, homicidios dolosos contra mujeres y por desaparición de mujeres.
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La mayoría de las mujeres víctimas de feminicidio denunciaron previamente violencia intrafamiliar y, en la mayoría de los casos, sus carpetas no fueron judicializadas. El texto describe que ni el estado ni los municipios que cuentan con mecanismo de alerta de violencia de género tienen una política integral de prevención y atención a la violencia familiar. Con relación a las acciones realizadas por las comisarías, se identifica el seguimiento de medidas de protección, y no de órdenes de protección. “A partir del lamentable feminicidio de Vanessa afuera de Casa Jalisco, las comisarías municipales, en coordinación con la Fiscalía del estado, han coadyuvado con el seguimiento de las medidas de protección a favor de mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, la actuación no ha sido inmediata, integral ni eficaz”, dice el informe.
“Es necesaria la creación de políticas municipales de prevención de la violencia familiar y protocolos de atención e investigación desde un enfoque de género y derechos humanos de las mujeres que logren brindar a las mujeres víctimas de violencia una garantía real de protección de su integridad física y psicológica, así como de su seguridad personal, a fin de evitar que esa violencia sistemática culmine en un feminicidio.
En relación con los casos de violaciones contra mujeres, de enero a junio de este año se registraron 191 casos, de los cuales, 138 fueron en el área metropolitana. En 2018 el registro llegó a 340 casos en el estado.
SRN