La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, Mariana Fernández Ramírez, solicitó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, publicar información de adjudicaciones directas y explicar el impacto financiero de programas sociales.
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La legisladora jalisciense solicitó además que se transmitan en vivo las reuniones de los comités de adquisiciones en las cuales se autorice la compra de insumos para atender la epidemia de covid-19.
Además, requirió que la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría practiquen auditorías para verificar el buen uso de los recursos públicos que ejerzan el gobierno del estado y el organismo público descentralizado de Servicios de Salud. “La crisis sanitaria por el covid-19 ha servido estos días, como pretexto en este estado, para la opacidad”, afirmó.
Señaló que existen denuncias respecto a que las pruebas PCR adquiridas para el proyecto Radar Jalisco fueron compradas a un 200 por ciento más, pero no existen documentos sobre la adquisición que corroboren el costo.
“La información solo se proporciona a medias, sin documentos, en ruedas de prensa diseñadas para condicionar la percepción de la gente (...) En pocas palabras, el gobierno de Jalisco está solamente comunicando para el aplauso fácil. La transparencia es simulada”, sentenció.
La entrega de 34 mil apoyos para personas que se autoemplean, detalló, carece de una plataforma de datos abiertos que permita verificar a quiénes y con qué criterios se les entregan cinco mil pesos mensuales.
“Tampoco hay forma de saber si se usan bien los recursos que ya están entregando a unas pocas Pymes”, refirió Fernández Ramírez.
Señaló que los 31 millones de pesos utilizados para remodelar el hospital Ángel Leaño, también se encuentran en la opacidad.
En un punto de acuerdo planteó la posibilidad de llamar a cuentas al ejecutivo estatal por si “hubiera hecho uso de su facultad extraordinaria para disponer discrecionalmente todos los recursos presupuestarios disponibles durante la emergencia”.
SRN