La comparecencia ante diputados del fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez; el coordinador estratégico de seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón fue a modo, pues la mayoría de los cuestionamientos sobre la represión policial durante las marchas que se realizaron del 4 al 6 de junio, por el homicidio de Giovanni López, fueron endebles.
El primero en tomar la palabra fue Hernández Barrón, quien hizo una remembranza de los hechos que antecedieron a la muerte de Giovanni a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos. Señaló que el organismo pidió al Ejecutivo que oficiales investigadores no participen en brindar seguridad en futuras manifestaciones, como ocurrió el 5 de junio, cuando los inconformes fueron detenidos, golpeados y desaparecidos durante horas.
“No pueden volver a tener presencia policías investigadores en este tipo de manifestaciones, debe haber una policía especializada para este tipo de acciones, no pueden estar policías investigadoras de civil, esto va contra todos los protocolos para atender multitudes y desde luego tiene que hacerse una inspección y una revisión profunda de las instalaciones porque no es posible que se tengan vehículos no oficiales dentro de instituciones públicas, que se tengan ahí jaulas como identificaron las personas privadas de su libertad, y que son utilizadas para restringir la libertad de las personas”, reclamó el presidente de la CEDHJ.
Agregó que el estado tiene la obligación de reparar el daño moral y físico provocado a los jóvenes detenidos por los agentes que los reprimieron. Lo anterior propició que los jóvenes detenidos durante las manifestaciones pasarán de ser victimarios a víctimas. Los legisladores recibieron copias de los informes de la CEDHJ sobre el asesinato de Giovanni López.
El siguiente en tomar la palabra fue Tamez Guajardo, quien se desmarcó del operativo del 4 de junio y argumentó que él no tiene bajo su mando a elementos de seguridad. El funcionario resaltó la detención de los policías de Ixtlahuacán de los Membrillos implicados en el asesinato y dijo que esto fue posible gracias a las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado.
Agregó que por las violaciones a los derechos humanos dos policías investigadores fueron vinculados a proceso, de igual manera, al menos 20 agentes están en la mira y podrían enfrentar procesos administrativos.
En su intervención, Solís Gómez reconoció que sus elementos violentaron las garantías individuales de las víctimas y que la dependencia que encabeza perdió credibilidad, por eso la investigación de los hechos la encabeza la Fiscalía Anticorrupción.
“Debo constatar que hubo una serie de abusos por parte de la policía, los cuales se constataron a través de diversos medios de comunicación, a través de las diversas declaraciones que han rendido los jóvenes ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante las diversas declaraciones que han dado los jóvenes ante la Fiscalía, y bajo esa fórmula y entendiendo la pérdida total de la credibilidad de esta dependencia en la investigación de los hechos, conforme a lo que había ocurrido ese día, desde ese viernes en la noche se giró la instrucción para que se iniciaran dos carpetas de investigación: la primera por delitos de carácter estatal, misma quedaría de inmediato competencia a la Fiscalía Anticorrupción, dentro de la cual sobrevinieron dos detenciones de dos personas que se encuentran a disposición de un juez, y también se dieron indicaciones de una carpeta por desaparición forzada”, comentó.
El fiscal explicó que la orden fue no detener a nadie en la manifestación en Calle 14, asimismo aseguró que ayudaría tener un Instituto de Formación y Profesionalización. “En caso de que pudiera haberse dado una orden oscura, el policía está capacitado para saber qué hacer, la orden fue clara y fue desobedecida”, aseguró.
Los cuestionamientos más duros vinieron de las diputadas del PRI, Mariana Fernández, y de Morena, Erika Pérez García, quienes reclamaron el actuar de la policía investigadora, incluso, Fernández cuestionó al fiscal los dichos que señalan que en el helipuerto de Casa Jalisco se reunieron policías investigadores armados con palos a petición de sus superiores. La comparecencia concluyó sin muchos aspavientos para los implicados.
SRN