Tras la presentación de una reforma al Código Penal Estatal de Jalisco que busca sancionar a quienes practiquen terapias de conversión a personas homosexuales, líderes de familias y de asociaciones religiosas se pronunciaron en contra y argumentaron son iniciativas de “corte ideológico”.
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“Una de ellas es la imposición de una pena incluso con cárcel a personas que ayudan, orienten, apoyen a personas que con una determinada preferencia sexual quieran cambiar de ella, es anticonstitucional, va en contra de nuestro primer artículo primero, ¿Por qué? porque todos tenemos derecho según la constitución a ser juzgados por nuestra preferencia... y si alguien hoy es heterosexual, después fue homosexual y no se siente bien por cualquier situación que él quiere cambiar y busca ayuda, cómo es posible que el gobierno del estado le prohíba buscar apoyo para buscar algo que él, en su libre desarrollo de la personalidad quiere”, dijo Jaime Cedillo, del Frente nacional por la familia.
Además aseveró que es un atentado para los derechos de padres de familia que decidan brindarle ayuda profesional a sus propios hijos, sobre todo a los menores que sufren confusión de identidad sexual.
Otro de los inconformes fue el psicólogo Everardo Martínez quien aseguró la homosexualidad es curable
“Absolutamente, la homosexualidad es un sentimiento. tú le preguntas a una persona que cómo sabe que es homosexual y te va a decir “porque siento atracción hacia el sexo opuesto. Ahora, no existen las terapias de conversión, ese es como un término peyorativo para denostar el trabajo que hacemos algunos profesionales a ayudando a personas que en su libre autodeterminación dicen ‘yo me quiero quitar una homosexualidad que no pedí y desarrollar mi atracción heterosexual’”, dijo.
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Los inconformes aseguraron que la llamada "Ley Pizano" fue propuesta en la capital del país, genera incertidumbre jurídica a terceros puesto que el cambio de identidad de género podría prestarse a nuevas implicaciones legales sin tener acceso a antecedentes penales.
En este contexto entregaron una carta de posicionamiento y argumentación legal titulada “sin diálogo no hay democracia”.
Será este miércoles 4 de diciembre a las 10:00 horas cuando la sociedad civil se manifieste en el centro tapatío con el fin de evitar que la iniciativa llegue al pleno del Congreso del Estado.
SRN