La magistrada del Tribunal Electoral, Janine Otálora, advirtió que cualquier decisión de quienes ostentan el poder para limitar las posibilidades de que cada vez más personas participen activamente de la vida política “no sólo es una afrenta contra sus derechos, sino un retroceso democrático que no debe permitirse”.
En medio de la discusión que lleva a cabo la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sobre la reforma para acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Otálora sostuvo que ésta definirá el tipo de democracia que se quiere para el país.
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Sostuvo que los partidos políticos tienen la obligación constitucional de ampliar las voces que buscan construir una sociedad más igualitaria y respetuosa de la diversidad, y aseguró que la función constitucional del Tribunal Electoral es garantizar que la pluralidad sea respetada y que ninguna decisión excluya a quienes han logrado que sus derechos cuenten con representantes que los defiendan. “En esa tarea el tribunal no puede dar marcha atrás y el poder político debe actuar en consecuencia con esa exigencia constitucional”, sostuvo.
En un posicionamiento, la magistrada del Tribunal Electoral destacó que “por un lado está la defensa de las garantías para la participación de toda la sociedad y por otro existe el riesgo de un régimen que disminuya los espacios de toma de decisión que han sido conquistados por las personas que históricamente han sido excluidas de la vida pública”.
La magistrada Otálora señaló que la división de poderes asegura que ningún órgano del Estado actúe sin que sus decisiones puedan ser revisadas. Esta distribución en el ejercicio del poder público sirve para que las voces que no encontraron representación mayoritaria en las urnas no pierdan la posibilidad de defender sus intereses a través del reclamo por sus derechos que son reconocidos constitucionalmente.
En su opinión, la constante discusión democrática entre quienes ostentan la mayoría temporal en el poder y quienes reivindican sus derechos “es lo que nos ha conducido a los avances democráticos cuya única medida es la capacidad real para todas las personas de participar en la vida política del país con libertad y en todos los espacios de toma de decisiones”.
Por ello, advirtió que los desacuerdos entre los órganos del Estado jamás pueden servir de pretexto para limitar el ejercicio de los derechos de todas las personas ni para privarlos de oportunidades para defenderlos.
En ese sentido, la magistrada advirtió que la responsabilidad pública “que nos exige la Constitución no es la de imponer una visión ideológica, sino la de defender las libertades que nos permiten convivir en sociedades diversas, las cuales requieren que quienes tenemos poder de decisión lo ejerzamos para visibilizar las desigualdades y utilizar las herramientas del gobierno para resolverlas”.
LP