El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, Javier Garza y Garza, continuará al frente de la institución, porque Samuel García Sepúlveda, gobernador de la citada entidad, se desistió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del recurso de reclamación que interpuso, por lo que quedó firme el acuerdo de un ministro que rechazó concederle una suspensión.
Hoy, en la Segunda Sala de la Corte se informó que el mandatario estatal se desistió de cuatro recursos de reclamación derivados de los incidentes de suspensión en igual número de controversias constitucionales.
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En cada uno, impugnó los acuerdos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien negó concederle suspensiones para frenar actos del Congreso local.
Con su desistimiento, quedaron firmes los acuerdos del ministro, los cuales prevalecerán hasta que se resuelva de manera definitiva cada una de las cuatro controversias constitucionales presentadas por el mandatario estatal.
Los recursos de reclamación estaban bajo el estudio del ministro Javier Laynez Potisek, quien proponía declararlas infundados.
El tema que más sobresalía es el acuerdo que impidió echar abajo el nombramiento de Javier Garza y Garza como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León.
El gobernador impugnaba la decisión del ministro Ortiz Mena, quien el pasado 8 de octubre admitió la demanda, pero rechazó conceder la suspensión, ya que consideró que los efectos de los acuerdos controvertidos ya habían sido consumados y que la suspensión no podía tener efectos restitutorios.
Lo anterior, porque el 18 de junio de 2024, el Congreso local designó como fiscal a Javier Garza y Garza, quien repitió en el cargo por otros seis años.
El ministro Laynez Potisek iba a someter a votación un proyecto que señalaba que el acuerdo impugnado está relacionado con una designación de funcionarios públicos clave.
“En este sentido, el funcionario cuyo nombramiento se impugna ejerce un rol estratégico. Por tanto, el otorgamiento de la suspensión afectaría directamente la organización y funcionamiento de instituciones fundamentales para el estado de Nuevo León, generando un perjuicio mayor al interés público.
“Es por ello que, aunque no es posible otorgar la suspensión por tratarse de actos consumados, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto que será resuelto en la sentencia definitiva, se concluye que tampoco sería posible otorgar la suspensión, pues es necesario garantizar la continuidad de las funciones estatales y evitar un impacto negativo en los servicios públicos que estas instituciones proveen a la ciudadanía”, detalla la propuesta, que ya no pudo ser sometida a votación.
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