Al asegurar que la invalidez de los decretos 340, 341 y 342 de la Gaceta Legislativa tumba los nombramientos de los fiscales especializados, magistraturas y del auditor superior, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco pidió que dejen sus cargos, o de lo contrario, estarían cayendo en el delito de usurpación de funciones.
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En el Nuevo León Informa, el funcionario señaló que al dejar sin efecto los decretos, también se anula cualquier acto, norma, gestión o nombramiento consecuente.
“Nos confirman que este pleito que trae el PRI y el PAN contra este gobierno no tiene sustento legal, que la Suprema Corte de Justicia ya resolvió y declaró nulo todos los decretos y, además, todos los actos posteriores hechos en amparo de este decreto, lo que se siga actuando por los funcionarios que son espurios por no tener un sustento legal en la Constitución, ni en la ley de Nuevo León se estará cometiendo el delito de usurpación de funciones”, afirmó.
Navarro Velasco insistió que con esto, se caerían los nombramientos de Javier Garza y Garza como fiscal Anticorrupción, de Gustavo Javier Solís como fiscal Electoral, de Alejandro Reynoso como auditor Superior y de Álvaro Ibarra como magistrado del Poder Judicial.
Ante el cuestionamiento, señaló que la resolución no abona al conflicto político, pues afirmó que el Ejecutivo solo defendió ante el intento del Legislativo de retirarles atribuciones.
“Yo le pido al PRI y al PAN que dejen de pelear, que busquemos una reconciliación, que busquemos que no se perjudique ya más a los ciudadanos de Nuevo León, que las obras de movilidad son urgentes y también los recursos para el Metro, salud, educación y seguridad son sumamente necesarios”.
“El gobernador y todo el gabinete estamos muy listos para dialogar y resolver más pendientes, pero sobre todo lo más importante servir al estado de Nuevo León”, agregó.
El secretario general de Gobierno dijo que sería una irresponsabilidad que los diputados del PRI y el PAN busquen revancha política en la negociación del Presupuesto tras la resolución de la Suprema Corte.
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