La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene pendiente por aclarar o devolver 284.8 millones de pesos del 2016, año en que los titulares de la dependencia fueron José Antonio Meade, desde el 28 de agosto de 2015 cuando reemplazó a Rosario Robles hasta el 6 de septiembre de 2016, y Luis Miranda Nava, quien fue sustituido en enero de 2018.
El dinero supuestamente se empleó para pagar a beneficiarios, que resultó estaban muertos; o de obras que se construyeron, pero no hay evidencia documental.
De acuerdo con los resultados de las 12 auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública de ese año, durante el periodo de Meade y Miranda al frente de la Sedesol se ocasionó un presunto daño patrimonial por 285.1 millones de pesos, de los que se pudieron recuperar sólo 300 mil pesos.
Sin embargo, la ASF no presentó ninguna denuncia penal en contra de los servidores públicos de Sedesol por las irregularidades de ese año.
La ASF revisó los recursos de los programas de Comedores Comunitarios, 3x1 para Migrantes, Seguro de Vida de Jefas de Familia, Pensión para Adultos Mayores, de Empleo Temporal, de Estancias Infantiles, de Atención a Jornaleros Agrícolas y la Cruzada Nacional contra el Hambre.
De las 12 auditorías realizadas por la ASF a los recursos públicos del año 2016, la que tiene el presunto daño patrimonial más alto es la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 264, practicada al programa de Empleo Temporal, en la que el monto de irregularidades asciende a 122 millones 792 mil 768.66 pesos.
Del monto de irregularidades, la ASF señaló como probable daño patrimonial 50 millones 150 mil 492 pesos porque con ese dinero se pagaron adeudos de ejercicios fiscales sin que hubiera documentación comprobatoria de por medio.
Otros 56 millones 87 mil 741 pesos también fueron señalados como un presunto daño al erario porque supuestamente se usaron en la ejecución de 705 obras o acciones de Baja California, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa, de los cuales no se proporcionó la comprobación de la aplicación de los recursos.
Además, 15 millones 365 mil 376 pesos fueron considerados también como daño a la Hacienda pública porque no se presentaron documentos de obras realizadas para rehabilitación de viviendas en varios municipios de Puebla.
Destaca también la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 1877, en la que se señaló un daño al erario por 65 millones 890 mil 200 pesos.
En esa auditoría se revisó la calidad de los datos con los que operaban los programas de Pensión para Adultos Mayores, Empleo Temporal y Empleo Temporal Inmediato.
Entre las irregularidades encontradas en el programa de Pensión para Adultos Mayores están, por ejemplo, que 556 mil 548 beneficiarios no fueron encontrados en la revisión hecha por la auditoría, pero la Sedesol erogó 3 mil 110 millones 152 mil pesos por ellos; que 49 mil 196 beneficiarios estaban duplicados en la lista, lo que significaron pagos por 289 millones 602 mil pesos.
Además, la Sedesol supuestamente entregó apoyos a 16 mil 997 beneficiarios por 64 millones 152 mil pesos, "que se presumen como pagos indebidos ya que el estatus del beneficiario es fallecido".
RLO