El Centro Pro, Tlachinollan, Fundar y Serapaz, organizaciones de derechos humanos que acompañan a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, aseguraron que la absolución del ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, del secuestro de los estudiantes, es atribuible a la mala actuación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
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Las organizaciones señalaron que la sentencia dictada dentro de la Causa Penal 66/2015 del Juzgado Primero de Distrito en Tamaulipas, deriva de una causa que en su momento se inició con la acusación que en 2014 presentó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la cual expuso numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura, lo que derivó en la exclusión de múltiples pruebas de cargo debido a su ilicitud.
“La acusación era incorrecta pues incluso encuadraba los hechos como ‘secuestro’ y contenía múltiples errores fácticos”, mencionaron.
Los representantes detallaron que, en su momento, insistieron reiteradamente en el deber de las autoridades de presentar nuevas acusaciones con la tipificación correcta de desaparición forzada y con pruebas lícitas, pues era previsible que este fallo llegaría.
Sobre el proceso de Abarca, indicaron que las familias no han sido notificadas y no conocen integralmente el fallo. Sin embargo, destacaron que la sentencia es todavía impugnable y exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) interponer la apelación correspondiente.
LP