En solo cinco años, el Tribunal Electoral terminó en la peor crisis constitucional de su historia, tras pasar por cuatro polémicas presidencias que han encabezado conspiraciones, renuncias y sustituciones; amagos, bloques mayoritarios y periodos inconclusos. Con dos magistrados que, hasta este momento, se siguen diciendo presidentes en funciones.
El autor del inicio y desenlace de la ruptura en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se llama José Luis Vargas Valdez. En 2018 amagó a la entonces magistrada presidenta Janine Otálora con presentar denuncias en su contra si no renunciaba a su cargo, acusándola de ceder a presuntas presiones para valida la elección a la gubernatura de Puebla, dándole el triunfo a Martha Érika Alonso, apenas 14 días antes de que muriera tras el desplome del helicóptero en el que viajaba.
El mismo boicot que Vargas Valdez encabezó en contra de la presidencia de la Sala Superior es la misma que hoy sufre y reclama, y se agrava con una destitución exprés con la que no le permitieron ni despedirse.
Tras la renuncia de Otálora en enero de 2019, por unanimidad, la Sala Superior eligió al magistrado Felipe Fuentes para que asumiera la presidencia por el periodo que le restaba a Janine hasta noviembre de 2020, para cumplir el tiempo legal de cuatro años.
Fuentes tampoco estuvo ajeno a la polémica y los cuestionamientos, pues fue señalado de escuchar a los operadores de Morena y buscar favorecer a Alfonso Ramírez Cuéllar, retrasando la renovación de la dirigencia del partido. MILENIO reveló un proyecto con el que Fuentes pretendía ordenarle al INE detener la renovación que la misma Sala Superior le había ordenado organizar, y permitir a su entonces dirigente quedarse en ese cargo hasta que pasaran las elecciones de 2021.
Fuentes Barrera fue severamente criticado y, al enterarse que sus pares no avalarían su proyecto, presentó uno completamente distinto.
Durante su presidencia, Fuentes fue acusado por la magistrada Janine Otálora y por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de lo mismo que, en bloque, hoy argumentaron para destituir a Vargas Valdez: manipular las fechas para resolver las impugnaciones y diferir resoluciones de manera unilateral.
Ante esta oposición, Fuentes creó un bloque con los magistrados Vargas y Felipe de la Mata Pizaña, así como la magistrada Mónica Soto: el G4. En mayoría echaban abajo proyectos de Otálora y Reyes, los dos rebeldes. El magistrado Indalfer Infante Gonzáles votaba indistintamente con un grupo o con el otro.
Al llegar el momento de la renovación de la presidencia, el TEPJF estaba dividido y Fuentes declinó en su intento de reelección, por lo que impulsó a Vargas para que se quedara en su silla. Tiempo después, acusaciones mutuas los llevaron a romper y Fuentes se alió al bando de Otálora y Reyes. La misma historia se repitió con de la Mata Pizaña, quien en su posicionamiento del pasado miércoles señaló que los grupos o mayorías eran momentáneos, comparado con la historia que los habrá de juzgar.
Vargas llegó y se fue de manera atípica. A diferencia del resto de sus antecesores, rindió protesta en privado y sin unanimidad, en una sesión que nadie presenció, más que sus compañeros que lograron mayoría cuatro contra tres. Se fue como llegó: en una sesión anormal y llena de misterios. Tan sólo nueve meses después, lo destituyeron, ahora cinco contra dos, en un golpe público que no vio venir.
Una de las votaciones más polémicas del magistrado Vargas fue quedarse en solitario, defendiendo que Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, candidatos de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, merecían tener de vuelta su registro sin importar las omisiones de fiscalización cometidas.
Pero, semanas antes, presentó un proyecto igualmente por omisiones de fiscalización en el que consideraba justificable no concederle el registro de partido político a México Libre, la organización política de la ex primera dama Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón.
Otra más fue cuando, por mayoría, las y los magistrados aprobaron imponerle a los partidos políticos paridad en las gubernaturas para que postularan a mujeres en la mitad de los estados en disputa. Varios partidos políticos, incluido Morena, intentaron cabildear lo contrario, pero no lo lograron. Vargas Valdez buscó torcer la sentencia, decretó un receso injustificado, regresó y declaró una decisión remitida a la versión estenográfica para después, ordenar un comunicado de prensa en el que tergiversaba la sentencia y dejaba la paridad a contentillo de los partidos. Lo que fue encarado públicamente por sus compañeros.
El cuarto magistrado llegó a la presidencia ya envuelto en polémica. Lo hace a la par de Vargas, quien se sigue ostentando como presidente. Reyes Rodríguez Mondragón, quien siempre se mantuvo como el más fiel aliado de Otálora, quien como decana del TEPJF, logró colocarlo en la silla de la presidencia del máximo órgano electoral de este país.
Reyes fue el primer magistrado sorteado para hacerse cargo de las impugnaciones a gubernatura, y deberá resolver el triunfo de Evelyn Salgado en Guerrero.
El periodo de presidente de Vargas Valdez por cuatro años terminaría el último día de octubre del 2024, sin embargo, su periodo legal como magistrado electoral vence ese mismo mes, pero de 2023, por lo que el TEPJF debía nombrar a un nuevo presidente para el año restante. Ahora, el magistrado Rodríguez Mondragón podrá cumplir el periodo completo hasta el 2024 y tendrá en sus manos las elecciones presidenciales, si no se da una orden o un acuerdo distinto a lo que confía tener garantizado el G5.
Todo, en medio del momento más importante del TEPJF, cuando el centro de atención debía ser la validez de las elecciones en gubernaturas del 2021, y no las ruinas de un tribunal sobre el que todos caminan.
ledz