La división, las grillas y desacuerdos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) orilló a los magistrados a decidir a puerta cerrada a su nuevo presidente, que resultó ser el perfil menos sonado hasta entonces, pero el más polémico y cuestionado.
Hasta la mañana del martes, el aún magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera tenía la certeza de que su bloque mayoritario le daría la reelección y ordenó que se hiciera público que su informe de actividades sería el 9 de noviembre. De manera inédita, seis días después de que se diera la votación, con la confianza de que repetiría en el puesto.
Minutos antes de la sesión legalmente programada para el 3 de noviembre, el día que concluye el mandato legal de la presidencia del Tribunal Electoral, el segundo bloque conformado por la magistrada Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón informaron que impulsarían a este último para quedarse en la presidencia, y al menos tendrían el respaldo del magistrado Indalfer Infante González. Lo que comenzó a dividir la votación.
Aunque Fuentes Barrera confiaba en el cabildeo de los últimos días tras haberles expresado uno a uno que buscaría quedarse cuatro años más, la negociación se diluyó y declinó en sus aspiraciones ante el evidente rechazo de la mitad de sus compañeros. Pero el bloque mayoritario liderado por él mismo, debía lograr que se quedara en ese lugar uno de los suyos.
La sorpresa fue cuando la magistrada Mónica Soto y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña declinaron de participar, y la única pieza restante en el bloque era José Luis Vargas. La magistrada declinó tras las presuntas investigaciones en contra de su padre en Baja California, y De la Mata prefirió no ser el encargado de unir a un grupo por demás dividido.
Aunque Vargas es el que mantiene la relación más distante con el segundo bloque, era el único que podía salir adelante con los cuatro votos a favor de ese grupo.
Ante la falta de acuerdos, sesionaron en privado con el rechazo del segundo bloque quien pretendía realizar la votación de manera pública como sucede siempre que concluye el periodo de una presidencia, con excepción de los cambios por renuncias.
Fuentes Barrera abogó por llegar a un acuerdo unánime, pero ninguno de los dos bloques cedió a las propuestas del otro bando y votaron divididos, como en los últimos casi dos años en la mayoría de las sentencias polémicas y de gran peso político.
Este miércoles, en su primer día en el cargo, Vargas Valdez ofreció su primer mensaje virtual luego de que tampoco rindió protesta de manera pública, y aunque hizo un llamado a la unidad y pidió por favor trabajar en concordia para mejorar la imagen que proyectan del Tribunal Electoral, la magistrada Janine Otálora ni siquiera acudió.
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La fractura en la Sala Superior se desató justamente por una diferencia entre ambos. Cuando Vargas exigió la renuncia de Otálora a la presidencia a finales de 2018 acusándola de ceder a presiones para confirmar el triunfo de Martha Érika Alonso como gobernadora de Puebla, apenas 14 días antes de que falleciera junto con su esposo al desplomarse el helicóptero en el que viajaban.
Además, al presentar los proyectos para registros de partidos políticos el mes pasado, en sesión pública Vargas calificó el trabajo de Otálora con el que planteaba quitarle el registro al Partido Encuentro Solidario (PES) como “escasas nueve páginas a doble renglón, con lo que no podemos llegar a la conclusión de que se llevó a un análisis exhaustivo”.
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