El magistrado José Luis Vargas Valdez participa, del 21 de al 23 de febrero, en la conferencia “Por un internet confiable: Hacia unas directrices para regular las plataformas digitales para la información como bien común”, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
En el marco de este foro, tomó parte del panel “Libertad de expresión y acceso a la información durante los procesos electorales. Desafíos de la desinformación y otras prácticas nocivas en el ecosistema digital”, organizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Ministerio de Ciencia e Innovación de España y del Observatorio de la Desinformación de la Universidad Complutense de Madrid.
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Este evento forma parte de la discusiónque se lleva a cabo en el seno de la Unesco sobre la creación de guías para regular el uso de las plataformas digitales. En las sesiones, en las que participan personas expertas como Audrey Azoulay, Directora General de la Unesco, Maria Ressa, Periodista y Premio Nobel de la Paz, Melissa Fleming, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas para las Comunicaciones, entre otras, se debatirá un proyecto de directrices para regular las plataformas digitales, con el fin de mejorar la fiabilidad de la información y proteger la libertad de expresión y los derechos humanos.
Durante su intervención, el magistrado Vargas destacó que el carácter extraterritorial de Internet, la propiedad privada de las plataformas digitales, el anonimato de las interacciones en línea y la automatización del tratamiento de datos dificultan la lucha contra la desinformación en los procesos electorales. En ese sentido, señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciónde México enfrenta con decisión estos desafíos en el ámbito de sus atribuciones, de cara a los próximos procesos electorales a celebrarse este año y en el 2024.
También subrayó que la naturaleza cambiante de estos fenómenos dificulta que las autoridades erradiquen los efectos perniciosos de la desinformación. Por ello, resaltó cuatro elementos que se deben tomar en cuenta en el diseño y aplicación de soluciones para salvaguardar los valores democráticos, en el contexto de un mundo digitalizado: 1) Enfoque preventivo contra los efectos dañinos de la desinformación; 2) La cooperación internacional para investigar y sancionar conductas ilícitas; 3) La corresponsabilidadde las plataformas digitales y la sociedad civil; y 4) La alfabetización digital y la regulación del uso de herramientas de inteligencia artificial.
El magistrado Vargas compartió el panel con: Janet Love, Vicepresidenta de la Comisión Electoral Independiente de Sudáfrica; Pansy Tlakula, Reguladora de Información de Sudáfrica; y Laurence Pécaut-Rivolier, Miembro colegiado de la Autoridad de regulación y comunicación audiovisual y digital (Arcom) de Francia.
En sus intervenciones coincidieron que, para neutralizar los efectos de la desinformación en el ámbito electoral, las democracias contemporáneas deben replantear los marcos legalesaplicables nacionales, la homologación de normas vinculantes para la industria de las plataformas digitales, así comola creación de tratados internacionales e instituciones reguladoras en esta materia.